Encontrar trabajo en nuestro país es muy difícil, cualquier persona que busque un empleo deberá demostrar que cuenta con los conocimientos, habilidades, aptitudes y experiencia que le permitan desarrollar óptimamente las tareas para las que será contratada; para ello seguramente será sometida a un proceso de evaluaciones y entrevistas y, si finalmente es seleccionada, deberá firmar un contrato con estrictas cláusulas que regularán la relación laboral con su contratante. El proceso de selección de las personas que ocuparán cada una de las 84 diputaciones debería ser por lo menos así de exigente, pues ejercer ese cargo representa un alto nivel de responsabilidad y las decisiones que esas personas tomen impactarán en la vida y bienestar de todas las familias salvadoreñas.

En estos días de plena época electoral, en todos los medios de comunicación y redes sociales desfilan una gran cantidad de personas que aspiran ser parte de la Asamblea Legislativa, pero como bien dice el dicho: cantidad no es sinónimo de calidad. Muchas de estas personas claman ser alternativas nuevas, diferentes, innovadoras, frescas, que deciden participar en política por su amor al país y a las personas. Cualquier persona que esté dispuesta a servir a la construcción de un país mejor merece el beneficio de la duda y ser escuchada. Pero el desfile en los sets de televisión, en las cabinas de la radio y en las páginas de los periódicos, lo único que permite evidenciar es una gran deficiencia: la ausencia de propuestas serias ante los complejos problemas de nuestro país y la falta de conocimiento sobre el funcionamiento de la administración pública por parte de los y las candidatas. Y en cambio, lo que si abundan son discursos demagógicos, con promesas de resolver los problemas que abruman a la ciudadanía, pero cuyo cumplimiento es muy difícil de alcanzar.

Es indudable que todas las personas quieren mejores servicios de salud y educación para todos y todas, y por supuesto la posibilidad de vivir en un país seguro, ¿quién no lo quisiera? Pero para que una persona sea capaz de trabajar para resolver esos desafíos no basta con que sea joven, o mujer, o que diga defender los valores de la familia, o utilice el nombre de Dios en vano, o simplemente sea parte de una familia con tradición política. Durante la campaña electoral, los y las candidatas deberían dar a conocer la forma en la que cumplirán las promesas que realicen, ¿cuáles son las acciones concretas que se implementarán?, ¿qué proyectos de ley se impulsarán?, ¿qué reformas se promoverán y bajo qué sustento técnico? Las respuestas a dichas preguntas deberían ser el criterio de decisión para que la ciudadanía elija a sus representantes.

Pero sobretodo, cualquier aspirante a desempeñar ese cargo público, debe ser capaz de explicar a sus potenciales votantes cómo van a cumplir todas las promesas de campaña teniendo en cuenta la situación de las finanzas públicas salvadoreñas. Especialmente cuando el discurso más popular entre las candidaturas de los diferentes colores es el de la austeridad en el gasto público y la necesidad de recortarlo, entonces ¿cómo van a financiar más educación, más salud, más seguridad y el resto de promesas que hacen?, ¿o será que dentro de sus propuestas se encuentra impulsar una reforma tributaria progresiva?, ¿en sus propuestas se promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción e impunidad?

Lastimosamente, hasta el momento, pareciera ser que no hay diferencia entre las y los candidatos y un par de adolescentes enamorados ofreciéndose el sol, la luna y las estrellas: palabras bonitas, pero ningún plan o acción concreta. La única forma de empezar a cambiar esto es cuestionando la viabilidad de las promesas de campaña, ahora que las y los políticos se acercan a pedir el voto: ¿a quién beneficiarán sus propuestas? ¿Cuánto cuestan? ¿De dónde saldrán los recursos para pagarlas? Solo así, la demagogia dejará de ser la candidata que siempre gana las elecciones.

Esta columna fue publicada originalmente en el diario EL MUNDO de El Salvador