Muchos piensan que se necesitan “super-humanos” para ocupar los puestos públicos, cuando lo que se requiere es mayor fortaleza institucional.

Recientemente fue pública la renuncia del Intendente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) quien, con el actual superintendente, fue el principal artífice de la estrategia de cobro jurídico de casos pendientes desde hace varios años.

La renuncia encendió las luces, al menos las amarillas, sobre cómo la SAT podría alcanzar la meta de recaudación, o al menos sobre qué movimientos tendría que hacer el superintendente para reacomodar a su equipo de trabajo en dicho esfuerzo.

Indiscutiblemente, la renuncia de un funcionario que dedicó su esfuerzo, tiempo y sacrificio a una institución es de lamentar, y particularmente cuando por medio de su trabajo se concretaron buenos resultados. Sin embargo, estos debieran ser siempre consecuencia no del trabajo de una persona, sino de un equipo al servicio de los guatemaltecos y que descansa en una fuerte institucionalidad pública basada en procesos y procedimientos transparentes y medibles.    

En las discusiones sobre la necesidad de garantizar un apropiado funcionamiento del sector público, muchos de los especialistas en coyuntura, a veces debido precisamente al hecho de que nunca han tenido la oportunidad de trabajar en el Estado, olvidan dos aspectos fundamentales: primero, que el servicio público deriva de un conjunto de procesos; y, segundo, que es producto del trabajo diario de miles de personas que, en ocasiones, además de ser vilipendiadas por su función pública, desempeñan su labor, la mayor parte de ellas, con salarios muy por debajo de la importancia de su actividad.

Dentro de estos servidores públicos de mucha importancia están los médicos, que devengan salarios alrededor de Q4 mil mensuales y que tienen bajo su responsabilidad salvar vidas que no tienen precio; los maestros, que construyen y preparan a las generaciones futuras; los policías, a cargo de la seguridad física y patrimonial de los guatemaltecos; y en el caso de la SAT, de los auditores y muchos puestos que permiten recaudar lo necesario para financiar el gasto público.

El resultado del trabajo de los servidores públicos depende por supuesto de su calidad moral y ética individual, pero también de procesos y procedimientos claros que establezcan cómo deben brindarse los servicios, y cómo debe evaluarse la calidad de los mismos, en términos de eficacia, eficiencia, oportunidad y satisfacción.

Cuando se busca un super-humano para un puesto, el nombramiento del mismo no depende de las características institucionales, sino de la percepción de que su particular trabajo y esfuerzo lograrán resultados extraordinarios. Pero, ¿y qué sucede, como es normal, cuando no se encuentra a alguien así? ¿O qué sucede si lo único que se encuentra son, como somos todos: guatemaltecos normales, con muchas ganas de que este país salga adelante? Es en esa situación en donde queda claro que la mayor importancia del éxito en el fortalecimiento institucional del sector público, está en la apropiada definición de las funciones; el establecimiento de procesos y procedimientos claros que orienten al cumplimiento de metas; la definición de mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación; y en la apropiada rendición de cuentas.

Sin duda hay que llevar a los mejores hombres y mujeres a los puestos públicos, pero ellos deben llegar y quedarse para cumplir con funciones apropiadamente definidas, de manera que su trabajo sea consecuencia normal de la fortaleza institucional del sector público y no de la excepcional y, a veces, casi sobrenatural dedicación e inspiración de una persona.    

Esta columna fue publicada originalmente el 7 de julio en revista Contrapoder de Guatemala