En El Salvador nos encontramos en el período de transición de funciones entre el gobierno saliente (de Sánchez Cerén) y el gobierno entrante (de Bukele). Considero que constituye un momento propicio para, por un lado, superar los fetiches que impregnan los discursos políticos y, por otro, poner nombre y apellido a las personas responsables de gestionar lo público.

Respecto al fetichismo, ya decía Karl Marx en su libro El Capital, escrito en el siglo XIX, al explicar cómo los seres humanos atribuimos cualidades a los objetos que sobrepasan su aspecto físico. De esta cuenta, las cosas son concebidas como algo distinto de lo que son realmente, lo que se exacerba por una mezcla de ignorancia y de creencias místicas. 

Si extrapolamos esta idea al discurso político salvadoreño, vemos cómo en pleno siglo XXI el fetichismo llega incluso a impregnar las principales categorías sociales, económicas y políticas. Por citar un ejemplo, escuchamos decir a ciertos analistas que los mercados hablan, se deprimen, tienen furia, riñen, estornudan, entre otras características. Expresiones como estas fetichizan al mercado pues, por un lado, le atribuyen un papel subjetivo que en realidad es propio de los seres humanos y, por otro, esto deshumaniza y oculta las verdaderas relaciones sociales y de poder.

Así las relaciones humanas también se cosifican, pues se transmite la idea que las personas somos simples válvulas de ajuste de una maquinaria (el mercado), dotada de vida propia. Además, se niega nuestro carácter ciudadano, pues pareciera que estamos supeditados al funcionamiento de una estructura difusa e incluso fantasmagórica que mueve, con su “mano invisible”, los hilos de nuestro destino. Lo mismo ocurre cuando se habla de Estado.

Por ello, ante la coyuntura de cambio de gobierno, debemos ser capaces de hablar de personas y del carácter que éstas impregnan a las estructuras. No de lo contrario. En este sentido, debemos superar el fetiche de referirnos al Estado, o gobierno en su caso, en un sentido abstracto. Esto pasa por tomar conciencia de la urgencia de desarrollar un servicio civil profesional que articule y gestione el empleo público y a las personas que lo integran.

Pero, ¿qué tenemos en El Salvador? Una Ley del Servicio Civil que data de 1961 que, además de ser anacrónica, ha amparado la conformación de una cultura de escasa presencia de mérito y persistencia de decisiones clientelares en la asignación de cargos. Esto, entre otros, pone en entredicho la viabilidad de los proyectos de desarrollo pues la manera en que se llevan a cabo acciones clave relativas a la gestión del empleo y los recursos humanos en el Estado tiene un impacto determinante en el logro de los objetivos sociales y en una gestión transparente de los recursos públicos. A su vez, la conformación de una fuerza laboral basada en el mérito y despolitizada, permite la alineación de los incentivos del funcionariado con los programas y proyectos de las instituciones para las que trabajan.

En suma, el desarrollo de un equipo humano profesional, aporta al desarrollo, al fortalecimiento de la democracia, al imperio de la ley y a una provisión eficiente de bienes y servicios públicos. Esto no se logra con magia, sino por medio de acciones concretas.

Es urgente que El Salvador avance en la profesionalización del servicio civil para una gestión de lo público basado en las personas. La otra condición insoslayable depende de un esfuerzo propio de la ciudadanía, a fin de recordar que todo lo que se hace en el gobierno resulta de una obra y voluntad política humanas. Así, debemos exigir a las autoridades entrantes la conformación de un equipo humano profesionalizado que responda a las necesidades de las mayorías.

Esta columna fue publicada el jueves 21 de febrero de 2019 en el diario El Mundo de El Salvador