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Estrategia fiscal para luchar contra la pobreza en Centroamérica

A partir de ello, una de las propuestas que podrían romper la tendencia del crecimiento de la pobreza en Centroamérica, en un escenario ideal, podría ser la implementación de una renta básica universal.


 

El efecto rebote observado en el crecimiento económico, durante el 2021, en la mayoría de países, hacía suponer a principios del 2022 que dicho crecimiento, al menos, regresaría a su senda normal. Sin embargo, el conflicto en Ucrania, junto al problema de las cadenas de suministro, nos han llevado a un escenario lleno de incertidumbre. El aumento de los precios es un problema que se ha sentido en la mayoría de los países de la región centroamericana, y que se ha reflejado con el aumento en la inflación, que en el mes de abril ha mostrado un nivel superior al 7%, a excepción de Panamá y Guatemala en donde esta gira en torno al 4%, con la amenaza de seguir aumentando.

En este contexto, durante la última semana la Comisión Económica para América Latina (Cepal) publicó el documento “Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?”, en donde señala las repercusiones que sobre los países latinoamericanos ha tenido el conflicto bélico en Ucrania. Entre dichos efectos se menciona el retroceso experimentado en la lucha contra la pobreza. En dicha publicación, la Cepal estima que el promedio regional latinoamericano de población en pobreza para el 2020 —año del inicio de la pandemia— fue de 33%, en el año 2021 bajó a 32.1%, pero en el presente año podría llegar a 33.7%. 

En Centroamérica también se anticipa un aumento de la pobreza en 2022. En el caso de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, las proyecciones de 2021 presentan una disminución de la pobreza en relación al último año con datos nacionales disponibles, y un aumento para las proyecciones de 2022. En el caso de Costa Rica, Honduras y Panamá, la medición mostraba una tendencia uniforme al alza (véase gráfico No. 1).

A esto se puede agregar los datos proporcionados por el Reporte de Desarrollo Sostenible 2022, el cual indica que ningún país centroamericano ha logrado alcanzar el Objetivo de Desarrollo No. 1, es decir, la erradicación de la pobreza. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están formados por indicadores, cuya ponderación final indica si los países han alcanzado dichos objetivos. Los indicadores para el Objetivo No. 1 son el Índice de Pobreza como menos de USD$1.90 al día (pobreza extrema), el Índice de Pobreza como menos de USD$3.20 al día (pobreza total), y la tasa de pobreza después de impuestos y transferencias. Si bien es cierto que algunos países (como Costa Rica, El Salvador y Panamá) han tenido avances importantes en lo relacionado al indicador de pobreza extrema, todos los países centroamericanos muestran un rezago importante en cuanto a alcanzar la meta trazada en dicho Objetivo de Desarrollo. Para un análisis más profundo de las cifras sociales en Centroamérica, así como un seguimiento al cumplimiento de los ODS en la región, puede acceder al sitio https://icefi.org/oeca/.

Como la Cepal señala en el estudio ya mencionado, en lo relacionado a la política fiscal, “resulta indispensable adoptar una visión estratégica del gasto público para convertirlo en un instrumento de desarrollo, favoreciendo acciones con alto rendimiento económico y social.” A partir de ello, una de las propuestas que podrían romper la tendencia del crecimiento de la pobreza en Centroamérica, en un escenario ideal, podría ser la implementación de una renta básica universal. 

Pero en el entendido que dicha propuesta podría representar una carga muy alta para el fisco de los países de la región, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) propone, entre otras medidas, iniciar con la implementación de una renta básica para erradicar la pobreza extrema. Dicha medida estaría enfocada en aquella población que está bajo el umbral de pobreza extrema y se podría ejecutar de forma paulatina, incorporando poco a poco a las personas en condiciones de pobreza extrema, hasta alcanzar el 100% de este segmento de la población en el año 2030. Todo dependería del interés de los gobiernos por avanzar en erradicar la pobreza extrema lo antes posible o hasta este año. 

En todo caso, una renta básica diseñada para este objetivo ayudaría a alcanzar las metas del indicador relacionado a la pobreza extrema, y tendría un efecto positivo en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 01. Dicha estrategia, según las estimaciones del Icefi, representaría para el año 2030, un aumento en el gasto público equivalente al 0.14% del PIB en Costa Rica y Panamá, 0.32% para El Salvador, 1.32% para Guatemala, 3.56% para Honduras y 0.65% para Nicaragua. Incluso, en el caso de Costa Rica, El Salvador y Panamá, si efectuarán de manera disciplinada y decidida la medida, podrían erradicar la pobreza extrema en forma absoluta de manera inmediata (Icefi, 2021). Esta medida es parte de las propuestas contenidas en el documento Agenda Fiscal Centroamericana 2021-2030 (Vol. 3) “Una propuesta para encaminar a Centroamérica por la ruta del desarrollo y la democracia” disponible en este link.

Lo anterior conlleva la realización de los esfuerzos necesarios para tener los controles que garanticen que esta renta llegue efectivamente a aquellas personas que pertenecen al grupo objetivo, evitando también la duplicación de programas. También se debe evitar la politización de este programa mediante la construcción de registros únicos de beneficiarios que eviten el clientelismo y la corrupción. Al lograr conseguir eliminar la pobreza extrema, además de mejorar los indicadores internacionales, y al traducirse en una realidad para cada ciudadano, se alcanzará un primer piso en el largo camino para lograr sociedades más inclusivas, justas y equitativas en nuestra región. 

 

César Melgar // Asistente de investigación

Esta columna fue publicada originalmente en Gato Encerrado, disponible aquí.