Un Estado de Derecho eficaz, además de contribuir a una gobernanza responsable y al respeto de los derechos humanos, es la base para garantizar la paz, justicia e igualdad de oportunidades para la ciudadanía, reducir la corrupción, mitigar la pobreza y conformar la base para el desarrollo económico sostenible. Representa un sistema en el que la ley impone restricciones significativas al Estado y a los gobernantes, a través de mecanismos que tienen como propósito defender a las personas de los abusos de poder y limitar la concentración del poder político.

El Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés), explica que el Estado de Derecho es un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades (públicas y privadas) están sometidas a la ley, la cual se debe cumplir por igual y aplicar de forma equitativa, justa y con total apego a los derechos humanos. También está basado en cuatro principios que responden a estándares y normas aceptadas por la comunidad internacional: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y acceso a la justicia.

Un Estado de Derecho eficaz, además de contribuir a una  gobernanza responsable y al respeto de los derechos humanos, es la base para garantizar la paz, justicia e igualdad de oportunidades para la ciudadanía, reducir la corrupción, mitigar la pobreza y conformar la base para el desarrollo económico sostenible. Representa un sistema en el que la ley impone restricciones significativas al Estado y a los gobernantes, a través de mecanismos que tienen como propósito defender a las personas de los abusos de poder y limitar la concentración del poder político.

Desde esta óptica, el Estado de Derecho es un factor clave para el desarrollo de las políticas públicas en general y de la política fiscal en particular, esta última como instrumento para movilizar, asignar y emplear los recursos públicos. Y es que en años recientes se  ha resaltado el enorme potencial transformador de la política fiscal para la realización de los derechos humanos, así como para combatir la pobreza, las desigualdades, la crisis climática, las asimetrías de poder y otros factores estructurales que obstaculizan la plena realización de los derechos de las personas. 

Sin embargo, las políticas públicas, y dentro de ellas la fiscal, se pueden ver afectadas por la falta de transparencia, participación y democracia efectiva, y por la corrupción. Esta última la más grave, porque facilita el desvío de recursos públicos valiosos para el financiamiento de los derechos humanos e implica riesgos directos e indirectos que conducen a su vulneración; obstaculiza el desarrollo; entorpece la elaboración de leyes imparciales y eficaces, así como su administración, ejecución y aplicación; socava la confianza en lo público y facilita la captura del Estado por parte de las élites y otros grupos de interés para reforzar sus privilegios.

Para favorecer un debate público sobre los avances y retrocesos en este ámbito, destaca el Índice de Estado de Derecho que anualmente elabora WJP, que asigna una puntuación en una escala de 0.0 –más débil– a 1.0 –más fuerte–, a partir del análisis de 8 factores desglosados en 44 subfactores. En días recientes se conocieron los resultados para 2022, y los datos son desalentadores, pues esta medición indica que por quinto año consecutivo el Estado de Derecho ha disminuido en todo el mundo, prolongando las tendencias autoritarias prepandémicas y la erosión generalizada de los derechos fundamentales. Y Centroamérica no es la excepción.

De los cambios identificados dentro del ranking global que abarcó a 140 países, únicamente Honduras y Costa Rica mejoraron 5 y 2 posiciones, respectivamente; El Salvador descendió 7 posiciones, mientras que Panamá, Guatemala y Nicaragua descendieron 1 posición. En el ranking de los países de América Latina, Costa Rica ocupó el puesto 2 de 32 países incluidos, seguido por Panamá (15), El Salvador (25) y Guatemala (26); los dos países con peores posiciones fueron Honduras (28) y Nicaragua (30), este último únicamente por encima de Haití y Venezuela. Respecto a la puntuación obtenida en 2021, Costa Rica, Panamá y Guatemala mantuvieron la misma, Honduras la mejoró, mientras que El Salvador y Nicaragua la empeoraron (Ver gráfica 1).

Gráfica 1. Calificación global de los países de Centroamérica en el Índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial, resultados de 2022 y 2021

En el factor que evaluó la «Ausencia de corrupción» en el gobierno, que incluye sobornos, influencias inapropiadas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos, los resultados de 2022 (ver gráfica 2) indican que se mantiene la tendencia que ubica a Costa Rica como el mejor calificado de los países centroamericanos, pero con una puntuación menor a la obtenida en 2021, tal y como sucedió también con Panamá y Nicaragua. El Salvador y Guatemala, por su parte, obtuvieron la misma calificación de 2021, y solamente Honduras obtuvo una leve mejoría. Los resultados confirman la tendencia de otras mediciones internacionales que evidencian en su mayoría estancamientos o regresiones en la lucha contra la corrupción en Centroamérica. 

Gráfica 2. Calificación de los países de Centroamérica en el factor de «Ausencia de corrupción» del  Índice Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial, resultados de 2022 y 2021

En el factor que examina el «Gobierno abierto», que mide la transparencia y la participación ciudadana e incluye mediciones sobre la disponibilidad de información pública, el derecho de acceso a la información, y si las personas cuentan con herramientas para participar en la toma de decisiones, los resultados de 2022 (ver gráfica 3) evidencian retrocesos en las calificaciones de Costa Rica, Panamá, El Salvador y Nicaragua, respecto a la puntuación que obtuvieron en 2021. Guatemala registró la misma puntuación de 2021, y únicamente Honduras logró mejorarla. No obstante, es uno de los factores en los que los países registran calificaciones más altas y constituye una oportunidad para apuntalar la transparencia fiscal, en particular para aumentar la disposición información presupuestaria integral, generando plataformas electrónicas para hacer más accesible esa información y para usar herramientas innovadoras dirigidas la ciudadanía.

Gráfica 2. Calificación de los países de Centroamérica en el factor de «Gobierno abierto» del  Índice Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial, resultados de 2022 y 2021

En términos generales, según WJP, el continuo deterioro del Estado de Derecho que muestra este índice puede explicarse por tres factores: 1) el debilitamiento de las restricciones a los poderes del gobierno; 2) la erosión de los derechos fundamentales, causada por el creciente autoritarismo y la reducción del espacio cívico; y 3) el deterioro de la justicia civil, debido principalmente a la creciente discriminación, los retrasos en los procedimientos y el debilitamiento de los mecanismos de aplicación. También se ha registrado un incremento en el debilitamiento de los frenos y contrapesos, así como la disminución de la rendición de cuentas.

Estas regresiones están condicionando en la región centroamericana el impulso e implementación de políticas que aseguren tanto el manejo sostenible de las finanzas públicas como el respeto a las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos. Sin embargo, si el propósito es contribuir a garantizar el bienestar colectivo y la legitimidad democrática, corresponde a la sociedad civil de la región mantener los esfuerzos para incidir en las autoridades hasta lograr mejoras efectivas en la calidad del Estado de Derecho de los diferentes países.

Carlos Melgar // Investigador / @carlosmelgargt

Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.