A pesar de la pandemia el mundo sigue girando, el tiempo sigue avanzando y hay procesos que no se detienen.

Por ejemplo, actualmente el Ministerio de Hacienda está elaborando el proyecto de presupuesto para el próximo año, el cual deberá presentar ante la Asamblea Legislativa para su correspondiente aprobación. La ley del presupuesto general de la nación es una de las leyes más importantes que se aprueba cada año en el país, ya que en ella se definen los destinos y prioridades del gasto público, así como la forma en que se financiará dicho gasto. Es decir, cómo el Estado salvadoreño, mediante el presupuesto, dará respuesta o no a las necesidades y derechos de la población.

Por la relevancia del presupuesto público para la sociedad, se esperaría que cualquier discusión sobre el presupuesto debiera ser de carácter público. Lamentablemente, en nuestro país, entre la mayoría de la ciudadanía y actores políticos domina la percepción de que este es un tema que compete solo al Ministerio de Hacienda y la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Esta percepción es, sin duda, alimentada por la falta de disponibilidad y transparencia en la información presupuestaria, así como por la ausencia de mecanismos de participación ciudadana en el presupuesto. Estos dos aspectos son evaluados en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, del International Budget Partnership, y en ambos El Salvador tiene una mala calificación: 46 de 100 puntos en transparencia y 13 de 100 puntos en participación ciudadana.

En materia de transparencia, una buena práctica internacional consiste en que los gobiernos, en particular las autoridades fiscales, deben publicar de oficio documentos con información presupuestaria, permitiendo su accesibilidad para cualquier persona interesada. Un ejemplo de dicha información es lo que se conoce como techos presupuestarios, es decir, el monto máximo de recursos que el Ministerio de Hacienda define para cada una de las instituciones públicas, y a partir de los cuales cada entidad debe formular su presupuesto para el siguiente año. En El Salvador, lastimosamente, esta no es una práctica del Ministerio de Hacienda.

¿Cuál sería la utilidad de conocer esa información? Conocer los techos presupuestarios permite perfilar las principales apuestas de un presupuesto, qué entidades recibirán más o menos recursos. De esa forma la ciudadanía puede levantar alertas sobre la forma en la que se está elaborando el presupuesto, tal y como sucedió, hace un par de semanas, cuando se conoció que el techo presupuestario definido para la Universidad de El Salvador (UES) representaba un recorte de alrededor de USD 3.5 millones en su presupuesto, algo completamente incongruente con el hecho de que la educación, de acuerdo con la Política Presupuestaria 2021 –otro de los documentos que deberían publicarse de oficio–, será una de las prioridades nacionales estratégicas ante los impactos de la pandemia; además,  una de las promesas de campaña del presidente Bukele fue justamente lo contrario: incrementar el presupuesto de la UES. Las alertas y críticas emitidas a partir del conocimiento de esa información, provocaron que el Gobierno comunicara que dicha reducción quedaría sin efecto. Pero, como los ejercicios de auditoría ciudadana deben ser permanentes, habrá que estar pendiente de si los post en redes sociales se ven efectivamente reflejados en el anteproyecto que se presente ante el Legislativo.

En cuanto a participación ciudadana, la situación es crítica, en El Salvador carecemos de mecanismos, legales e institucionales, que permitan que la ciudadanía, la academia, organizaciones de sociedad civil u otras manifestaciones de la sociedad puedan conocer, participar, realizar cuestionamientos o hacer recomendaciones en cualquiera de las etapas del presupuesto. Por lo que al Ejecutivo, deberemos exigirle la creación de esos mecanismos, para que las personas se involucren desde la formulación del presupuesto, hasta su evaluación; mientras que al Legislativo debemos exigirle la realización de audiencias públicas sobre el proyecto del presupuesto, antes de que este sea aprobado.

El presupuesto 2021 será determinante para la forma en que nuestro país enfrentará la recuperación post pandemia, por lo que no podemos darnos el lujo de que sea discutido y negociado de espaldas a la población. Debemos informarnos e involucrarnos en su discusión. Es necesario recordarle a los y las funcionarias que el presupuesto se financia con el pago de nuestros impuestos; que el presupuesto es nuestro, no de ellos, y que por lo tanto debe responder a nuestras necesidades y derechos y no a sus intereses electorales.

Lourdes Molina Escalante // Economista sénior / @lb_esc

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí.