Estos regímenes, no obstante, no necesariamente tendrán los efectos ofrecidos, lo que ha sido reiteradamente puesto de evidencia en la realidad centroamericana.

Especialmente cuando los países se enfrentan a períodos electorales, diversos grupos políticos ofrecen algunas “propuestas de solución” para atender los problemas de desempleo y subempleo que afrontan los centroamericanos, los que en la práctica son verdaderos  gérmenes de la pobreza, de la desigualdad y de la carencia de oportunidades de los habitantes de la región. De esa cuenta, es relativamente común que estos grupos ofrezcan que durante su período de gobierno lograrán incrementar dramáticamente el número de empleos formales, al margen, por supuesto, de los ofrecimientos que realizan con respecto a la mejora de los servicios de educación, salud, infraestructura, seguridad y por supuesto, de la atención de los derechos de sus habitantes.

Paradójicamente, estos grupos, aprovechando el apoyo de ciertos segmentos empresariales a sus candidaturas, proponen como estandarte principal para lograr sus propósitos, la reducción del pago de tributos y cuando tienen un poco más de preparación académica, el establecimiento de regímenes de incentivos tributarios para promover la atracción de la inversión extranjera a la región. 

Estos regímenes, no obstante, no necesariamente tendrán los efectos ofrecidos, lo que ha sido reiteradamente puesto de evidencia en la realidad centroamericana.

En términos generales, los incentivos tributarios a la inversión son una buena estrategia de promoción para la formación de inversión local y atracción de inversión internacional, pero solo son útiles, si forman parte de una estrategia nacional de inversión que proponga la creación de condiciones sistémicas.  Por si solos, las reducciones de impuestos y en gran parte, los regímenes para atracción de inversión se convierten en mecanismos para el saqueo del erario público y para lograr que determinados grupos interesados dejen de pagar impuestos, sin lograr los propósitos ofrecidos a la ciudadanía.

La limitada efectividad de los beneficios tributarios, ha sido puesto en evidencia en diversas oportunidades por estudios realizados por expertos del FMI, Banco Mundial, BID y Cepal, entre otros, los que apuntan a que si bien los regímenes de incentivos pueden ser de utilidad, los resultados son magros o inexistentes como consecuencia de la carencia de condiciones sistémicas que realmente incrementen la productividad empresarial y la competencia interna. Complementariamente, diversos rankings de inversión apuntan acertadamente a  la necesidad de crear una estrategia sistémica nacional que tome en consideración una serie de aspectos que exceden la simple idea de reducir o eliminar el pago de impuestos.

Como tal, el World Economic Forum considera en su Global Competitiveness Index, la necesidad de promover mejoras en los ámbitos institucionales, de infraestructura, de acceso a la tecnología de información, salud, educación, dinamismo empresarial y capacidad de innovación, entre otros, como parte de una estrategia real para mejorar la competitividad internacional.

También, la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, considera en su The Venture Capital and Private Equity Country Atractiveness Index la necesidad de promover la profundización del mercado de capitales, la protección al inversionista y gobernanza corporativa, mejorar el ambiente social y humano y la creación de oportunidades empresariales, entre las que destacan, el fortalecimiento la capacidad de innovación, el desarrollo de artículos científicos y técnicos y la inversión en investigación y desarrollo.

Otros índices, como el extinto Doing Business, apuntan a la creación de una serie de condiciones para facilitar los negocios, pero también para proteger al inversionista, la reducción de la tramitología, la certeza en la solución de conflictos derivados de la vigencia de contratos, entre otros.

En la última edición del primero de los índices, Costa Rica y Panamá ocupan las primeras posiciones regionales, 62 y 66 respectivamente, mientras que Guatemala se posiciona en el 98, Honduras en el 101, El Salvador en el 103 y Nicaragua en el 109. 

Por su parte, en la última edición del Índice de la Universidad de Navarra, Panamá se ubicó en la posición 81, Guatemala en la 106, El Salvador 111 y Nicaragua 116; Costa Rica y Honduras, no formaron parte de esta evaluación. Finalmente, en el Doing Business (2020), Costa Rica reportó la posición 74, Panamá 86, El Salvador 91, Guatemala 96, Honduras 133 y Nicaragua 142.

Como tal, y al margen de los ajustes que puedan ser necesarios en cualquiera de los índices, es claro que los países que,  en los últimos años, se han posicionado como más atractivos para la inversión en el área centroamericana son Costa Rica y Panamá, seguidos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua; sin embargo, esto  no es producto exclusivamente de la vigencia de programas de incentivos tributarios extensos y cuantiosos, sino de la posibilidad de tener mecanismos para promover competitividad sistémica.   

Como corolario a lo anterior, es interesante denotar que los programas vigentes de incentivos tributarios más agresivos en la región son los de Honduras y El Salvador, y sin embargo, estos no les han sido de utilidad para el efecto, dado a que no solo no han atraído más inversión, sino que además su importancia regional, incluso ha disminuido en los últimos años.

Regresando al punto de partida, nuevamente la pregunta surge: ¿Por qué los grupos de políticos insisten en promover los incentivos tributarios, como una estrategia aislada, si se ha demostrado que no son útiles, en la dimensión que se espera?

La respuesta parece estar en el fenómeno de corporativismo del Estado manifestado en los últimos tiempos y que ha implicado la renuncia de fuertes cantidades de impuestos a favor de ciertos segmentos empresariales limitados, como lo han manifestado algunos estudios, dentro de los que destaca el recientemente dado a conocer por el Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR),  en el que demuestra que, al margen de la poca efectividad de los regímenes tributarios en su país, los beneficios del no pago de impuestos se han concentrado en el 20.0% más rico de la población; mientras que dos tercios de las exenciones fiscales se han concentrado en apenas 25 grupos económicos. Investigaciones de otros entes, como Icefi, han demostrado situaciones históricas similares en Guatemala.

La promoción de la inversión es deseable, pero  la estrategia de no pago de impuestos como mecanismo de formación y atracción de capitales en la región, no funciona… como tal, las propuestas políticas electorales vinculadas a la reducción o eliminación de impuestos, están incorrectas, por allí no es…  Para lograr la formación de inversión en Centroamérica, y crear masivamente empleos bien remunerados, es indispensable la emisión de Leyes Generales de Inversión, en donde se promueva, sin excusas, el desarrollo de todos los elementos que causan competitividad, dentro de los que están la eliminación de la corrupción, la mejora de las condiciones de vida de la población, la reducción de los trámites burocráticos, el fortalecimiento de la infraestructura y la mejora en el funcionamiento de las instituciones públicas, entre otros.

Abelardo Medina Bermejo // Economista sénior / @a_medinab

Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.