El presupuesto público representa la oportunidad de saber a qué tipo de sociedad aspiramos.

Una sociedad más o menos desarrollada, una sociedad más o menos transparente, una sociedad más o menos democrática, por eso es importante que desde el inicio de su formulación se abran espacios de participación para que, con los diferentes sectores de la sociedad, se discuta de manera técnica y política los aspectos positivos, pero también negativos de cómo se pretenden usar los recursos públicos que provienen de los impuestos que paga toda la población. Históricamente este tipo de espacios no habían existido, pero en los últimos dos años, en el seno del órgano legislativos se habían dado avances, aunque insuficientes, importantes al permitir que entidades no gubernamentales presentaran sus análisis y recomendaciones. Pero esta legislatura los tiró por la borda y lo único que hemos tenido en la discusión del presupuesto para el próximo año ha sido un desfile de funcionarios que lejos de participar en un debate parlamentario han asistido a ceremonias de adulación. Lo que pone de manifiesto las amenazas que suponen la falta de independencia entre los poderes del Estado y la vertiginosa concentración del poder.

El aspecto más positivo del proyecto del presupuesto es el aumento en el área de desarrollo social, sin embargo si se hace un análisis mucho más detallado resulta que la estrategia de erradicación de la pobreza, los programas específicos destinados a la garantía de derechos de mujeres y jóvenes, la educación media y superior, así como los recursos para la red hospitalaria del país sufrirán recortes, esto en un contexto donde los niveles de pobreza y la desigualdad han retrocedido al menos 7 años y la mitad de la población no come lo suficiente o incluso no come. De hecho, si se le quita el efecto inflacionario, y a pesar de que la pandemia continúa, el ramo de salud sufriría un recorte en su asignación. A esto se suma que entidades encargadas de velar por la garantía de los derechos humanos y la defensa de las personas frente al Estado, como la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, también contarán con menos recursos. Lo mismo sucederá con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que un año más experimentará un recorte en su presupuesto, reflejando que no es una prioridad para el actual gobierno.

Adicionalmente, hay pocas garantías de transparencia y rendición de cuentas, así como la falta de vinculación de presupuesto con metas y resultados.

Ricardo Castaneda Ancheta // Economista sénior / @recasta

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí.