Hace unos meses vi una serie de televisión brasileña llamada «El mecanismo», una historia ficticia inspirada en el caso de corrupción Lava Jato. La serie hace la analogía de que la corrupción es un mecanismo infinito, que se alimenta y reproduce a sí mismo, que escupe todo lo que no es parte de sí, que está en todo y se va adaptando a su entorno, que no reconoce ideologías, que se da en el ámbito público y en el privado, que está presente en los altos mandos, medios y bajos de las instituciones;  en fin, un mecanismo que siguiendo el mismo patrón, permite que pueda participar, tanto el presidente de un país, como cualquier persona común.

Pues bien, en nuestro país ese mecanismo existe y se reproduce gracias a la legislación desactualizada; la debilidad de las entidades fiscalizadoras, del sistema de justicia y del sistema electoral y partidos políticos; un acceso deficiente a la información pública; la escasa participación ciudadana; los conflictos de interés; y, la impunidad.

La corrupción ha estado en el centro del debate público luego de la confesión por desvío y lavado de dinero del expresidente Saca. Pero este debate no ha dejado de ser superficial, se ha centrado en acusar y defender a los corruptos de todos los colores políticos; hemos escuchado a representantes del sector privado señalando, pero sin reconocer sus propias culpas; también han habido declaraciones de funcionarios públicos y candidatos presidenciales condenando la corrupción, desvinculándose  de los corruptos, hablando de la lucha contra la corrupción como una lista de buenos deseos, pero ofendiéndose  y considerando ataque cualquier cuestionamiento. Sin embargo, el debate está estancado ahí, cuando lo que deberíamos discutir es cómo vamos a evitar que eso continúe sucediendo, porque el mecanismo que permite la corrupción está enraizado en nuestras instituciones y en nuestra sociedad.

La forma en que se ha configurado el Estado salvadoreño ha sido exitosa para garantizar la perpetuidad de la corrupción. Históricamente, grupos con poder político y económico han estructurado las instituciones públicas, claves para la lucha contra la corrupción, con base en negociaciones opacas y repartición de cuotas, para diseñar así un sistema que facilite el camino a los corruptos y garantice la impunidad. Dos claros ejemplos: la Corte de Cuentas de la República,  cuyo mandato constitucional es fiscalizar; y, la Corte Suprema de Justicia, responsable de impartir justicia y castigar a los corruptos. Los Magistrados de ambas instituciones no han sido elegidos por su idoneidad para el cargo, por su probidad o independencia sino por su afinidad y lealtad a intereses particulares y su disposición para perpetuar los caminos de la corrupción.

Pero quizás el éxito más grande del mecanismo en nuestro país es que ha logrado que como ciudadanía normalicemos la corrupción. Como sociedad, la indignación por la corrupción nos dura poco, y no es suficiente ni siquiera para salir a manifestar y reclamar las oportunidades perdidas. Parece que el mecanismo ha logrado adormecernos y con eso dejar el camino libre para que los corruptos sigan haciendo su agosto y consoliden su burbuja de impunidad.

La verdad, no sé si de entre tanta podredumbre será posible construir algo bueno, lo que sí tengo claro es que hacer nada no es la respuesta. Destruir el mecanismo de la corrupción debería ser un punto no negociable de nuestra sociedad. Eso no será fácil, pues quiénes participan en él, lo defenderán y lucharán por su sobrevivencia. Entonces ¿por dónde empezar? Siendo una ciudadanía activa, que participa y cuestiona a sus funcionarios y a los aspirantes a la presidencia, porque está muy bien condenar la corrupción, pero ¿qué cosas concretas van a hacer?, ¿son factibles esos planteamientos?, ¿qué cambios legales e institucionales van a impulsar en su gestión?, ¿y si alguien de su partido o gobierno está involucrado en un caso de corrupción? La clave está en que este conocimiento que tenemos hoy sobre la corrupción sea solo el punto de partida para impulsar y exigir los cambios estructurales que la castiguen y la eliminen.

Esta columna fue publicada recientemente el 22 de agosto de 2018 en el diario El Mundo de El Salvador.