Un vaso con agua es la metáfora predilecta cuando se busca hablar sobre transparencia. Pero aún el vaso con el agua que pueda parecer más pura, necesita ser puesto bajo el mayor escrutinio posible para comprobar que no oculte impurezas, microbios y bacterias que afectan la salud. Dicho escrutinio no puede dejarse a cargo de las mismas manos que sirven el vaso, y es ahí donde la ciudadanía se convierte en el eslabón faltante para asegurar la transparencia.

Suele ser de común acuerdo que para ganar legitimidad los gobiernos, las empresas y las organizaciones deben de ser lo más transparente posibles en sus gestiones y accionares. Sobre las empresas y organizaciones, podemos conversar en otro momento pero en esta oportunidad quisiera enfocarme más en la necesidad de contar con un gobierno salvadoreño que obre de manera transparente y una ciudadanía activa que vele por el cumplimiento de dicha premisa.

En los últimos años hemos visto grandes avances dentro del país. Ahora contamos con una Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), portales de difusión de información y mecanismos para solicitar aquella que no se encuentre publicada, nos encontramos suscritos a la Alianza para el Gobierno Abierto con un plan de trabajo respectivo.

Sin embargo, a pesar del trecho recorrido aún falta mucho por hacer. Por ejemplo, de acuerdo al International Budget Partnership (IBP, por sus siglas en ingles), El Salvador obtiene una calificación de 53 sobre 100 en el Índice de Presupuesto Abierto, el cual busca evaluar si el gobierno central pone a disposición del público, documentos claves y oportunos para la formulación, implementación y fiscalización del presupuesto nacional. De acuerdo al IBP, la vigilancia del presupuesto presenta grandes avances y obtiene: 79 sobre 100 en la vigilancia por parte de la legislatura (el ejecutivo y legislativo), lo cual es considerado adecuado; y 92 sobre 100 en por parte del ente superior auditor (en este caso la Corte de Cuentas), considerado adecuado de igual manera. No obstante, la calificación se reduce por efecto de un bajo nivel de participación ciudadana, donde solo se obtienen 17 de los 100 puntos posibles.

Este bajo puntaje, conlleva una responsabilidad compartida. Por un lado, las oportunidades que se le ofrecen al público para participar en el proceso presupuestario, siguen siendo muy reducidas, y por otro lado, las demandas ciudadanas para formar parte de dicho proceso son muy escasas. 

Para muestra, un botón. En las próximas semanas se dará a conocer el Presupuesto General del Estado para 2017, del cual no aún no sabemos nada. Mismo que al parecer está supeditado a la discusión a puertas cerradas entre el FMLN y Arena sobre una Ley de Responsabilidad Fiscal. Y es muy probable entonces, que el resultado termine siendo ad hoc a la agenda política de ambos partidos de cara a las lejanas elecciones de 2018.

Como ciudadanía no podemos seguir permitiendo la práctica de puertas cerradas, y es por eso que si el gobierno no las abre nosotros debemos exigir la apertura de los espacios para la discusión previa, y no después cuando ya puede ser muy tarde para lograr incidir.

La necesidad de prácticas transparentes proviene de la obligación moral de los gobiernos a ser legítimos, creíbles y confiables. Debemos recordarles a los políticos que ellos se encuentran en esa posición por una sociedad que los puso ahí, y por tanto, se deben a esta  misma. Es por eso, que la transparencia no debe de limitarse a la rendición de cuentas en el manejo de los recursos como se hace actualmente, sino que debe de avanzar a abrir espacios en la formulación de las políticas, de forma que estas respondan a las necesidades planteadas por la población y no a las agendas de los propios partidos.