Dentro de los conceptos fundamentales en los cursos de Macroeconomía Básica, está la necesidad de coordinar los esfuerzos de las diferentes políticas económicas, a fin de garantizar que el Estado logre los objetivos previstos en su Plan de Desarrollo de largo plazo. Sin embargo, la carencia permanente de un real plan de largo plazo y la renuencia de muchos gobiernos para plantear uno de mediano plazo, hace que prácticamente todas las decisiones de política pública en Guatemala, se tomen en el momento de la discusión y aprobación del Presupuesto: craso error…

Como excepción a lo comentado, las decisiones de política monetaria, cambiaria y crediticia que dependen de las autoridades monetarias, y las de política comercial y de inversión que toma el Ministerio de Economía, se adoptan usualmente sin tomar en consideración el impacto que puede tener sobre el resto de políticas, especialmente sobre la política fiscal.  En mucho casos, especialmente en la política monetaria, parece que las autoridades están más preocupadas por el “derecho de las variables macroeconómicas” para su estabilidad, que en los derechos de la sociedad. Esta situación ha producido que ante la falta de coordinación de políticas, exista una subordinación real de la política fiscal a las decisiones de los funcionarios de la Junta Monetaria y del Ministerio de Economía.

Sobre el ámbito de influencia de este último, es claro observar el impacto negativo sobre la fiscalidad cuando se han aprobado tratamientos tributarios diferenciados a ciertos sectores económicos, sin que exista respaldo en el logro de los objetivos sociales ofrecidos. También, el permanente proteccionismo a ciertos sectores económicos poderosos en las negociaciones comerciales, ha evitado una óptima liberalización económica que redunde en el fortalecimiento de la competencia y la mejora sostenida del consumo.

Por su parte las autoridades monetarias, con el fin de garantizar la “estabilidad económica” recurren sistemáticamente a operaciones de mercado abierto que logran el objetivo inflacionario, pero tienen un costo creciente en materia de recursos fiscales que no pueden ser utilizados para el bienestar de la sociedad.  Recientemente y con la excusa de atender las exigencias de los Convenios de Basilea, han solicitado que se autorice al Banco de Guatemala, para que en cualquier momento, con el consiguiente costo fiscal, financie a aquellos bancos que experimenten deficiencias de recursos y puedan seguir trabajando, aun cuando los mismos presenten resultados inapropiados que son total responsabilidad de los banqueros.

La protección de ahorro de los guatemaltecos es un objetivo deseable, pero como para todos los negocios del país que arriesgan su capital y deben responder con todos sus bienes cuando su inversión no funciona y tienen que declararse en bancarrota, o quedar endeudados durante mucho tiempo, los bancos también tienen que asumir su responsabilidad, creando las condiciones necesarias, por ejemplo, por medio de la implementación de un seguro, a su costo, que cubra todas estas contingencias.   De la misma forma, ya es hora que las autoridades monetarias eliminen el costo social que implica el proteccionismo hacia el sector bancario, evaluando la elevación de un par de puntos del encaje bancario, en lugar de hacer que los ciudadanos tengamos que pagar más impuestos para cubrir el “costo de la política monetaria”.

La sociedad debe tener magníficos empresarios que hagan muchas ganancias y que paguen impuestos para que los mismos sirvan para mejorar el bienestar de los más necesitados, pero también necesita de un gobierno que deje de tomar actitudes corporativistas e internalice los costos que corresponden al sector privado… si el empresario tiene un negocio en el que las ganancias son propias, que asuma los riesgos vinculados, sin privilegios, ni  proteccionismo del Estado.