Recientemente fue publicado por el Centro de Investigación de Política Económica (CEPR, por sus siglas en inglés) una investigación coordinada por Dalgaard y otros autores reconocidos en esta materia, en el cual se estudia la duración temporal de los efectos generados por la provisión de bienes públicos.[1] En dicho documento, se estudia la relación existente entre la inversión pública en infraestructura y su efecto de largo plazo (del año 117 a la fecha) sobre el crecimiento económico. Para ello, utilizan los datos de la densidad vial construida durante el Imperio romano y realizan una serie de tests cuyos resultados sugieren que aquellos lugares en los que se registraba mayor densidad vial, actualmente registran mayor nivel de desarrollo económico.

Los resultados de la investigación mencionada son interesantes pues, al apoyar la hipótesis de los autores acerca de la existencia de una relación causal entre las variables consideradas, resulta oportuno analizar el mecanismo a través del cual se propaga el efecto. Al hacerlo, sería posible definir políticas públicas que favorezcan el desarrollo económico de largo plazo de una economía mediante el incremento de la densidad vial de la misma, tomando en cuenta que esta última es uno de los factores que influencian la actividad económica de un país.

Por un lado, concluir que solo incrementando la densidad vial se alcanzará un mayor nivel de desarrollo en una economía resulta poco creíble; por otro lado, rechazar la contribución de la infraestructura vial como fuente de desarrollo resulta perjudicial para una economía. Así, es conveniente que los países incorporen esfuerzos que permitan desarrollar planes de inversión en infraestructura que incentiven el desarrollo de sus economías. Es por ello que la Organización de Naciones Unidas estableció como meta uno del noveno Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es necesario «Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos».

Si bien el incremento de la densidad vial parece tener una influencia persistente sobre el desarrollo económico de los países europeos estudiados, dicho efecto es significativamente menor para el caso de aquellos países de Medio Oriente y del norte de África que eran parte del Imperio romano. Los autores señalan que tales diferencias pudieron deberse a que en el último grupo de países se abandonó el uso de transporte rodante debido a que era más efectivo, en términos de costo, el uso de camello, lo cual dañó significativamente las carreteras construidas por los romanos; mientras que en Europa el transporte que utilizaba ruedas se volvió más común y, por tanto, los caminos construidos facilitaban el desplazamiento de este tipo de transporte y era más fácil reemplazarlos por modernas carreteras

Desde mi punto de vista, las diferencias entre los dos grupos de países tienen que ver más con el tipo de institucionalidad que fue implementada en cada uno de ellos que con lo abordado por los autores, en línea con la tesis desarrollada por Acemoglu, Johnson y Robinson (2001).[2] Esta tesis señala que las diferentes políticas de colonización implementadas por los europeos en sus diferentes colonias son las que explican el desempeño económico actual de las economías correspondientes. De esa manera, la institucionalidad diseñada para los países del norte de África y de Medio Oriente estaba enfocada en la extracción de recursos para beneficio del Imperio romano, mientras que las desarrolladas en los países europeos cercanos a Roma estaba destinada a la convivencia de las élites, por lo que estas últimas favorecían el desarrollo de la sociedad. Y ambos tipos de institucionalidad persistieron hasta la actualidad.

Derivado de lo anterior, aun cuando una mayor inversión en infraestructura es un factor que potencia el desarrollo de las economías, la misma solo logrará su objetivo si cuenta con una institucionalidad fortalecida. Dicha institucionalidad debe establecer de forma clara las reglas del juego para los individuos, así como favorecer los derechos de todos los miembros de la sociedad. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que para lograr un mayor desarrollo nuestra principal tarea es fortalecer la institucionalidad, de manera que podamos aprovechar las oportunidades que la inversión pública nos presenta, sobre todo para aquellos grupos sociales más vulnerables.