Por supuesto, ser optimista no está mal. Pero un optimismo excesivo es casi lo mismo que mentirse a sí mismo, algo que es muy peligroso en materia económica.

Luego de una crisis global, como la de la pandemia del Covid-19, los análisis y las proyecciones sobre la evolución de la economía deben ser rigurosamente honestos y objetivos. Por algo, el informe que recién ha publicado el Fondo Monetario Internacional (FMI) se titula Una recuperación accidentada. Se trata de un proceso de recuperación, y qué bueno, pero con los pies sobre la tierra, porque, aunque recuperación, el propio FMI deja muy clara la gravedad de los riesgos y problemas que aquejan a la economía global. Amenazas de las cuales Centroamérica no está exenta, y que debemos tomar muy en serio.

Sin embargo, lograr que los criterios técnicos prevalezcan sobre los intereses políticos en la evaluación de las perspectivas económicas, y que, si se experimenta optimismo por un proceso de recuperación, sea con la debida objetividad y responsabilidad, requiere de gobiernos democráticos en los que los pesos y contrapesos políticos funcionen y sean efectivos.

Lamentablemente esta no es la realidad política actual de Centroamérica. Nicaragua, con la dictadura del presidente Daniel Ortega, sin duda es el peor caso en la región, en el que no hay espacio para confiar en los datos y los análisis de las autoridades responsables de las políticas económicas, sin independencia por actuar totalmente sometidas y subordinadas al poder dictatorial, difícilmente pueden producir análisis objetivos que admitan los riesgos o o identifiquen desempeños que no hablen bien del régimen.

Nicaragua es el peor caso, pero no el único. El presidente salvadoreño Nayib Bukele, con su enorme popularidad y estilo autoritario de gobernar, tampoco garantiza la debida independencia de sus autoridades económicas, y con ello, las incapacita para emitir análisis creíbles y objetivos de su situación y sus perspectivas. El caso más grave en El Salvador ha sido la postura de las autoridades a locuras insensatas como fue la forma en que se legalizó la criptomoneda Bitcoin, con el gobierno difundiendo propaganda, a veces descaradamente demagógica, en vez de análisis serios o abriendo espacios para el debate y la discusión técnica.

Sin la popularidad de su par salvadoreño, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei también se aferra a una propaganda que resalta de manera engañosa e inexacta los resultados de las principales variables económicas, exagerándolos o tergiversándolos, también sin permitir debates abiertos y técnicamente sustentados sobre lo que en realidad le está pasando a la economía guatemalteca. Por ello, contrastan de manera dramática, si no trágica, la narrativa de la propaganda gubernamental que destaca hitos históricos en las políticas económicas, y la realidad cotidiana de la gran mayoría de la población que está sufriendo de manera aguda el golpe de la inflación, los impactos que dejó la pandemia y los problemas estructurales históricos como la desigualdad, el desempleo y el subempleo, la falta general de oportunidades para mejorar la calidad de vida y procurar el bienestar, entre muchas otras.

En Honduras, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro muestra ya señales de desgaste, enfrentando riesgo del desencanto y la desilusión de su electorado. Los problemas de Honduras son estructurales, y los males están muy arraigados en el aparato estatal, que una administración de gobierno no podrá solucionarlos. Ante estas realidades, el gobierno de la presidenta Castro parece sucumbir ante la tentación de adoptar algunas de las medidas más polémicas de su par salvadoreño, especialmente los estados de excepción que enarbolan la bandera de la seguridad, como superior al respeto de los derechos humanos y fundamentales.

La consolidación de una dictadura en Nicaragua, y los retrocesos antidemocráticos y autoritarios en El Salvador, Guatemala y Honduras, constituyen riesgos muy serios en términos de gobernabilidad, y amenazan de manera muy grave la estabilidad y la paz social. Esto no es baladí en una sociedad como la centroamericana, con un pasado muy reciente de guerra civil fratricida y genocidio. Por el momento, la válvula de escape a estos problemas políticos, económicos y sociales ha sido la migración forzada, especialmente hacia los Estados Unidos, principalmente porque las remesas que envían las y los migrantes centroamericanos a sus familias, por un lado, mitigan la pobreza y la iniquidad, apuntalan la economía con el consumo y niveles crecientes de inversión, pero por otro, y, sobre todo, sostienen los sectores externos de las economías, manteniendo los tipos de cambio estables.

Pero, en realidad, esto es como una droga. En el corto plazo, las remesas de los migrantes mitigan el dolor, pero hacen a Centroamérica adicta a ese flujo de recursos provenientes de los excluidos. Y, lo peor y quizá más peligroso, importantes sectores económicos se están beneficiando de los superávit en las cuentas corrientes de las balanzas de pagos y la estabilidad relativa de los tipos de cambio, con lo cual, se genera un estímulo perverso para perpetuar la pobreza y la exclusión: son buenos para sus negocios, porque al expulsar a gente con pobreza y falta de oportunidades, migran más y envían más remesas, se convierten en una conveniente fuente de estabilidad cambiaria y fortaleza de los sectores externos.

Sí, hay un período de recuperación que se refleja en las principales variables macroeconómicas, e incluso algunas agencias calificadoras de riesgo están mejorando perspectivas y calificaciones. Pero cuidado, porque Centroamérica está tornándose cada vez más adicta a la pobreza y la exclusión, porque las remesas son como una droga que alimenta el optimismo por una aparente estabilidad y resiliencia. Cuidado, porque ninguna adicción es sostenible, y quizá el optimismo de los bancos centrales y de los ministerios de finanzas o hacienda descansa sobre una bomba de tiempo: la insostenibilidad de la pobreza y la exclusión como forma de procurar más y más migración, con la idea de que vendrán más y más remesas.

Cuidado, porque no ha faltado más de algún ministro de finanzas centroamericano que, en vez de hablar de metas de recaudar impuestos, hable de metas de remesas familiares. No deberíamos sentirnos optimistas con semejantes alertas.

Ricardo Barrientos // Director ejecutivo a.i.

Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.