En nuestro país hubo corrupción, hay corrupción y probablemente en el futuro habrá corrupción. Y es algo que ocurre en todos los países alrededor del mundo. Lo que no ocurre en aquellos países con democracias sólidas y con un verdadero compromiso en contra de la corrupción, es que este delito, en sus diferentes manifestaciones, quede impune y mucho menos que el marco legal e institucional promuevan su impunidad.

Pero parece que nuestro país se especializa en hacer que cosas imposibles sucedan. El pasado martes 18 de julio, en Sesión Plenaria, los diputados y diputadas salvadoreñas aprobaron una reforma a la Ley especial de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen o destinación ilícita, que limita las acciones que el Estado salvadoreño puede implementar para que cualquier acto de corrupción no quede sin castigo.

Para poner un ejemplo de las modificaciones, cualquier propiedad o bien que se haya comprado con dinero proveniente de corrupción, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero u otra actividad ilícita, luego de pasar 10 años sin una condena, el Estado salvadoreño “asumirá” que es un bien que se obtuvo con dinero lícito, aunque exista evidencia, e incluso condenas judiciales, que indiquen lo contrario.

Finalmente, las diputadas y diputados sí son capaces de alcanzar acuerdos, claro, para defender sus intereses comunes, entre los que debe incluirse incentivar la corrupción y garantizar la impunidad. La reforma fue aprobada con 43 votos y el silencio cómplice del resto que no utilizó la opción «en contra» al momento de la votación. Algo totalmente comprensible al considerar que 2 de cada 3 diputados tiene expediente abierto en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

En las horas y días siguientes se han escuchado declaraciones de lamento y desaprobación, que no pasan de un discurso vacío, especialmente al recordar que provienen del mismo partido, Arena, que presentó la moción de la reforma. Además se han escuchado discursos descarados del FMLN defendiendo la reforma con base en las debilidades de la propia Constitución salvadoreña, pero evidenciando la mezquindad de un partido que señala los problemas pero es incapaz de impulsar cambios que garanticen mejoras.

Ante un poder legislativo, totalmente comprometido con la corrupción y la impunidad,  uno esperaba que el Presidente de la República, vetara esta reforma, tal y como sucedió con la ley de amnistía fiscal, otra iniciativa que premiaba al corrupto. El presidente tenía ante sí la posibilidad de demostrar, que a diferencia del Legislativo, él no tiene un compromiso con la corrupción y la impunidad, sino con la construcción de un Estado democrático y transparente. Pero el Presidente acaba de tirar por la borda una de las últimas oportunidades de desmarcarse de una clase política descarada, que se jacta que al final la ciudadanía los volverá a elegir independientemente de lo que hagan, al sancionar la reforma.

Lo que queda claro es que la promoción de la impunidad frente a la corrupción es algo totalmente democratizado en nuestro país, los partidos políticos y los funcionarios se han apropiado de ella. Por eso no es de extrañar el hartazgo de toda la población hacia la clase política y la consecuente crisis de legitimidad de nuestra democracia.

En los próximos dos años seguiremos viviendo campañas electorales, en donde los partidos políticos seguirán su guion: probablemente fingirán empatía y preocupación por los problemas de la población y declamarán compromisos de lucha contra la corrupción. Como ciudadanía tenemos el deber de exigir agendas concretas, en lugar de discursos baratos; y sobre todo, debemos recordarle a los funcionarios de gobierno y a los candidatos a cargos públicos que cada centavo que se pierde en la corrupción no solo representa dinero robado, representa un pupitre menos, una vacuna menos, un kilómetro menos de carretera, una menor posibilidad de acceder a justicia, en fin, menos oportunidades para que los y las salvadoreñas gocemos plenamente de nuestros derechos sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución. 

Esta columna fue publicada originalmente el 27 de julio en el diario El Mundo de El Salvador