No.19 - Época II. Cerca de 20 millones de centroamericanos (más del 45% de la población total) habitan en territorios rurales. En comparación con los habitantes de las áreas urbanas, las poblaciones rurales continúan teniendo menor acceso a los bienes y servicios básicos tales como la educación y la capacitación, la salud, el agua potable y el saneamiento ambiental, generando con ello amplias brechas de bienestar, empleo e ingresos.  

Lo anterior revela cómo la carencia de bienes públicos esenciales, junto con limitadas oportunidades para la generación de ingresos, ha fomentado un círculo vicioso de pobreza que los países centroamericanos están obligados a romper.

Para impulsar el desarrollo rural, los Estados deberán asumir un rol protagónico, tanto en la provisión de servicios públicos (educación, salud, protección social), como en el proceso de transformación productiva y en la construcción de infraestructura económica: pasar de la producción de materias primas a la industrialización de pequeña y mediana escala para, con esto, obtener un mayor valor agregado a la producción y generar más empleos rurales no agrícolas.

Asimismo, es imprescindible buscar formas sostenibles y pertinentes a las diferentes culturas que habitan lo rural, para aprovechar la riqueza natural existente. En ese sentido, la política fiscal juega un rol estratégico en las posibilidades de impacto que pueda tener cualquier plan de desarrollo rural sobre la población de estos territorios. Un reciente estudio elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y realizado para Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, resalta cuatro hallazgos sobre las inversiones públicas en desarrollo rural, identificados en los presupuestos públicos de 2007 a 2012.

Primero, las inversiones en desarrollo rural representan, en promedio, entre el 4.9 y el 8.5% del PIB, lo que en términos per cápita se traduce en asignaciones anuales que van de USD 216.6 a USD 517. En el contexto fiscal, las inversiones en desarrollo rural representan entre el 16 y el 26.4% del presupuesto total de los Estados centroamericanos. Segundo, los países con mayor número de ciudadanos en áreas rurales, no son necesariamente los que más están invirtiendo en desarrollo rural. Tercero, cerca del 60% de las inversiones públicas en desarrollo rural, se concentran en la protección social, mientras el 38% se destina a las esferas de infraestructura y fortalecimiento del sector rural. Y, cuarto, entre el 40 y 77.6% de los recursos con los que se financian las inversiones rurales proviene de los ingresos corrientes, en tanto que entre el 10.5 y el 25.2% proviene de préstamos y entre el 1.5% y el 33.4% es fruto de donaciones y cooperación. Las sociedades centroamericanas necesitan reconocer que el desarrollo rural constituye un elemento indispensable del desarrollo general e integral de los pueblos. Durante mucho tiempo se han mantenido concepciones que constriñen o limitan la visión sobre aquello que es rural, y sobre cómo esta área se vincula con el área urbana, influenciándose mutuamente. No obstante, en la actualidad resulta evidente que el equilibrio en los órdenes social, político, económico y cultural de las naciones pasa por trascender estos enfoques, para estimar que el área rural va más allá de lo agrario, la agricultura, y pasa por dinámicas territoriales complejas en donde se está jugando el éxito futuro, tanto en económico, como político y social. Es imprescindible, entonces, plantear una agenda concreta para el desarrollo rural en la que se visibilicen tanto las metas a alcanzar en esta materia y su impacto sobre el bienestar de la población rural, como los recursos ―humanos, materiales y financieros― necesarios para su implementación. Los Estados centroamericanos deberán, urgentemente, plantear Pactos Fiscales que promuevan aumentos de los ingresos públicos, al tiempo en que se mejora la calidad e institucionalidad del gasto público, la transparencia fiscal y la rendición de cuentas.