Leí en libros como Maximiliano Hernández Martínez utilizó el poder del Estado para llevar a cabo uno de los mayores genocidios contra la población indígena, porque no toleraba que hubiera gente diferente que exigiera sus derechos.

También leí y escuché como se asesinó a San Romero por usar su voz para defender a los más desprotegidos. Un acto de odio y de intolerancia por quienes ostentaban el poder. Lo mismo que años más tardes sucedió con los padres jesuitas, Elba y Celina quienes fueron asesinados porque eran considerados por el gobierno de ese entonces como opositores. Además, miles de personas tuvieron que irse del país, porque eran perseguidos, simplemente por pensar diferente.

Nací cuando la guerra todavía no había terminado, aunque en mi memoria no están registrados esos momentos de represión, pues desde que tuve conciencia, las armas, como instrumentos de la lucha ideológica, se habían abandonado y la lucha por el poder se había decidido realizarla en el marco de reglas democráticas. Lastimosamente quienes gobernaron posteriormente se empeñaron a utilizar al Estado como piñata, en una fiesta donde solo ellos y sus financistas estaban invitados y donde la democracia se limitaba a ir a votar.

Una ilusión, que al menos a nivel internacional duró solo unos pocos meses. La utilización del ejército para irrumpir en la Asamblea Legislativa, solo fue uno de los tantos episodios propios de los más grandes autócratas a nivel mundial. Cuando a través de las urnas logró también el control de la Asamblea Legislativa, lejos de priorizar los problemas de la gente, se aseguró capturar el Estado en su totalidad.

Ahora cuando se señala un caso de corrupción no se utiliza al Estado para investigar y sancionar a quien lo ha cometido, sino que se ataca a quien haya osado hacerlo público. Cuando se advierte de una acción que está mal, lejos de corregirla se denigra a quien se haya atrevido a cuestionarlo. En las instituciones públicas se ha instalado la cultura del régimen totalitario, nadie puede decir que piensa diferente al líder, porque si no es despedido inmediatamente. Así hayas sido presidente del Banco Central de Reserva o incluso ministro.

Ni en mis peores pesadillas imaginé que me tocaría vivir en un Estado que nuevamente utiliza todo su aparato para criminalizar a quienes piensan diferente o a quienes simplemente ejerzan su derecho de libertad de expresión.

De hecho, hasta esta columna podría ser considerada como una acción que contravenga el orden público, la seguridad nacional o soberanía del Estado; porque la ley está redactada tan ambigua que quedará a discreción de quienes tienen el poder multar, cancelar organizaciones o encarcelar personas. Esta ley no es igual a la de Nicaragua, es mucho peor.

Se vienen días difíciles. Lo que buscan con esta ley es callarnos, pero callar no es una opción. Por ello es importante, que, respetando nuestras diferencias, nos cuidemos de manera colectiva. Porque no nos podemos callar mientras todas las personas no puedan vivir con dignidad.

Ricardo Castaneda Ancheta // Economista sénior / @recasta

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí.