Las respuestas a la mayoría de estas preguntas lamentablemente son negativas, por lo que, en general, hoy los ejercicios de presupuesto o gobierno abierto en general carecen de legitimidad, incluso cuando tuvieron inicios exitosos y muy legítimos. Se parecen más a lo que, en la jerga del gobierno abierto se conoce como open wash, es decir, la manipulación maliciosa con el objetivo de «lavarle la cara» a un gobierno corrupto, antidemocrático, autoritario, represor o abiertamente dictatorial.

La manipulación maliciosa y propagandística de los espacios de participación ciudadana es doblemente dañina y demagógica, propia de regímenes autoritarios y antidemocráticos.

Conforme la democracia ha evolucionado en la historia de la humanidad, en las últimas décadas del siglo XX se fortaleció la idea de que los presupuestos del Estado no son propiedad de los gobernantes, ya que su principal fuente de financiamiento, los impuestos, estamos obligados a pagarlos todos y todas. Y en la medida que se fue aceptando este principio, también surgieron movimientos que promovieron la participación de la ciudadanía en las fases del proceso presupuestario, en términos simples y generales, su formulación, discusión y aprobación, ejecución y evaluación.

En 1997 surgió la Alianza Internacional del Presupuesto (IBP, por sus siglas en inglés), la cual apostó por articular el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, como representantes legítimas de la ciudadanía. En 2006 los esfuerzos del IBP se materializaron con el inicio de la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS, por sus siglas en inglés), un ejercicio independiente global, con índices y mediciones diversas sobre el grado de apertura y participación ciudadana durante el proceso presupuestario. En su versión actual, la OBS usa un cuestionario de 228 preguntas, las mismas para todos los países participantes, y es realizada casi en su totalidad por organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas, independientes y con experiencia y conocimiento en temas presupuestarios. Incluye una calificación específica para participación ciudadana, evaluando el grado en el que el Ejecutivo, el Legislativo y los órganos superiores de control proveen oportunidades para que el público se involucre en las fases del proceso presupuestario.

Por su parte, en 1998 el Fondo Monetario Internacional publicó su Código de Transparencia Fiscal, estableciendo un primer estándar en esa materia, el cual ha sido actualizado desde entonces. En 2001 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también hizo lo propio, publicando la primera versión de sus Mejores Prácticas para la Transparencia Presupuestaria. En 2011, lanzada en la Asamblea General de las Naciones Unidas por el entonces presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, se creó la Alianza del Gobierno Abierto, como una apuesta de un espacio horizontal y nivelado en el que participan gobiernos y sociedad civil, para acordar acciones en diversos ámbitos, incluyendo la transparencia fiscal y la apertura presupuestaria.

La mayoría de los países centroamericanos son parte y participan en estas iniciativas, alianzas y espacios. Con diversos niveles de compromiso y avance, en algunos como Guatemala se han creado talleres de presupuesto abierto, siguiendo la idea de acercar a la ciudadanía, usualmente representada por centros de pensamiento, entes académicos y organizaciones de la sociedad civil, con el gobierno para discutir, pero sobre todo, acordar prioridades de gasto, aspectos macrofiscales y otros tópicos de la política fiscal a incluirse en el proyecto de presupuesto del siguiente ejercicio fiscal, que el Ejecutivo someterá al Legislativo para su aprobación.

Con esta panorámica general y superficial, estos países centroamericanos bien podrían lucir como emporios del desarrollo y la madurez democrática, en los que la ciudadanía participa libre y activamente para, de la mano con sus gobernantes, definir las prioridades del presupuesto y la manera óptima de financiarlo. Sin embargo, la realidad centroamericana de hoy es trágicamente distinta, caracterizada por regímenes de corte ya dictatorial, en los que la vida cotidiana transcurre con medidas autoritarias y retrocesos antidemocráticos, intolerancia y represión violenta a las voces disidentes. Seguramente Nicaragua siendo el peor caso, pero con El Salvador y Guatemala siguiéndole muy de cerca, Honduras que lucha por cambiar, Costa Rica que pierde cada vez más su ventaja de bienestar y libertades democráticas, y una Panamá que vive agazapada en el espejismo de impresionantes indicadores macroeconómicos, sin mostrar una desigualdad cruda que la acerca a sus vecinos del norte.

Pero, entonces, ¿qué ocurre para que Centroamérica muestre esta aparente contradicción entre avances de apertura presupuestaria y gubernamental, simultáneas a retrocesos democráticos graves?

Ocurre que el simple hecho de hacer un taller de presupuesto abierto, no garantiza que el ejercicio sea honesto y legítimo. ¿Las organizaciones de la sociedad civil que participan son independientes y representan incluso las que son críticas del gobierno? ¿El ejercicio tiene un mecanismo adecuado de recepción y sistematización de propuestas y planteamientos de la sociedad civil? ¿El Gobierno está obligado a responder a cada planteamiento, y a ofrecer una explicación de por qué fue o no fue atendido o incluido en el proyecto de presupuesto que se presenta al Legislativo? ¿El Gobierno facilita efectivamente la participación de cualquier organización o persona interesada, proveyendo medios tecnológicos para quienes se encuentren en regiones alejadas o inaccesibles?

Las respuestas a la mayoría de estas preguntas lamentablemente son negativas, por lo que, en general, hoy los ejercicios de presupuesto o gobierno abierto en general carecen de legitimidad, incluso cuando tuvieron inicios exitosos y muy legítimos. Se parecen más a lo que, en la jerga del gobierno abierto se conoce como open wash, es decir, la manipulación maliciosa con el objetivo de «lavarle la cara» a un gobierno corrupto, antidemocrático, autoritario, represor o abiertamente dictatorial.

La pérdida de legitimidad de estos espacios es tan aguda, que incluso han llegado a degenerar en espacios descarados de propaganda gubernamental. Una situación lamentable, porque estos gobiernos ilegítimos se aprovechan de espacios que fueron creados con intenciones y propósitos nobles, para generar una máscara mentirosa de apertura y transparencia, cuando la realidad es totalmente lo contrario. De allí, que veamos países con retrocesos antidemocráticos muy graves y niveles de corrupción escandalosos, pero con punteos relativamente altos en las calificaciones de los estándares de transparencia fiscal.

Si en la década de 1990 avanzamos creando estas iniciativas, ejercicios y estándares de transparencia fiscal, apertura presupuestaria y gubernamental, hoy toca revisarlos con sentido autocrítico, identificando y corrigiendo sus deficiencias en términos de legitimidad y erradicar el open wash. La concepción de esos esfuerzos fue correcta y legítima, vale la pena rescatarlos, porque hoy, prácticamente están casi perdidos, en demasiados casos reducidos a propaganda gubernamental demagógica y mentirosa.

Ricardo Barrientos // Economista sénior

Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.