Las reelecciones tienen impactos muy negativos para un proceso democrático poco nutrido como el de Guatemala, y una campaña acalorada, no por el debate de temas de interés para el país, sino por las reacciones de candidatos y candidatas a la crítica.

---

Un importante período del proceso electoral de Guatemala está pronto a cerrar, el período de 90 días de campaña, como antesala a las elecciones generales de este domingo 25 de junio de 2023. Al igual que en otras ocasiones, este período deja varias reflexiones, espacios de oportunidades y lecciones que aprender. Demostró que la democracia en Guatemala aún está lejos de construir procesos electorales que garanticen que los partidos políticos y sus candidaturas participen con igualdad de oportunidades. Las reelecciones tienen impactos muy negativos para un proceso democrático poco nutrido como el de Guatemala, y una campaña acalorada, no por el debate de temas de interés para el país, sino por las reacciones de candidatos y candidatas a la crítica.

Sesgos y criterios heterogéneos para aceptar o rechazar la inscripción de candidaturas, además de un proceso excesivamente judicializado, que excluyó a propuestas políticas importantes, pero no convencionales. Estas exclusiones favorecieron significativamente a candidaturas que se perciben oficialistas, y que dejan en tela de juicio la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral.

La desigualdad de información, territorios y grupos poblacionales poco atractivos. La información de todas las propuestas políticas no llegó a todos y todas por igual. Otro de los grandes obstáculos no resueltos y que empañan el proceso electoral es que no todas las propuestas políticas alcanzaron a todos los territorios, pueblos y comunidades lingüísticas. Por ejemplo, muchas de las propuestas de presidenciables se centraron en los espacios urbanos y, en algunos casos, no pasaron de ser propuestas de alcances urbano metropolitano. Esto refleja el poco interés por las zonas rurales, por ser considerados territorios electorales poco atractivos por la baja densidad poblacional. Es decir, el interés es únicamente el voto y no conocer al pueblo que buscan gobernar.

Muy a pesar de que los medios de comunicación virtuales o las redes sociales pretendieron ser una plataforma de mayor alcance, pero principalmente, una alternativa importante para las propuestas con menores recursos financieros para su campaña, lamentablemente en un país donde la desigualdad económica y social es endémica, no lograron cumplir con ese propósito. Aún existen muchas zonas geográficas en Guatemala sin acceso a electricidad y sin acceso a una red de internet, lugares donde es muy difícil conocer a los y las candidatas presidenciales, o sus propuestas. En algunos territorios el único medio de información sobre temas electorales son las propuestas para cargos de poder local, principalmente los cargos en corporaciones municipales, creando una ventaja para las organizaciones políticas con candidaturas en todos los territorios.

Desigualdad en el financiamiento de campaña. Aunque la legislación actual regula el financiamiento político y el acceso a los medios de comunicación para impedir el uso abusivo de propaganda, el acceso al financiamiento sigue marcando la diferencia. A pesar del sistema y las lecciones aprendidas, quienes se encuentran actualmente en el poder y buscan la reelección, siguen teniendo mayores posibilidades de potencializar su imagen, a costa, en muchos casos, de los recursos públicos.

El uso de recursos públicos con fines electorales. Cuando tienen la facilidad y el acceso a los recursos públicos, muchos políticos siguen abusando de ellos para costear sus campañas, especialmente quienes buscan la reelección. Abusando de los privilegios que gozan hoy, buscan perpetuarse en el poder, restando legitimidad al proceso democrático.

Al respecto, la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-gt), un consorcio de organizaciones de la sociedad civil que velan por la integridad del proceso electoral, denunció el uso de fondos públicos para campaña electoral. Según los informes de la MOE-Gt, estas ilegalidades se han producido por varios medios y en eventos como la inauguración de obras públicas, el uso de edificios públicos, la entrega de regalos, el uso de vehículos oficiales, el uso mobiliario público, la entrega de programas sociales del Gobierno central, la participación de trabajadores públicos, entre otros. Estas evaluaciones independientes, aunque no son posibles en todos los territorios, pues en la mayoría de casos requieren observadores directos, están demostrando ser muy valiosas, y ojalá se repliquen en otros procesos electorales y en otros países.

Nos quedan muchas lecciones. Un candidato o candidata debe ser descartado si: utiliza bienes y servicios públicos para campaña electoral; busca a través del miedo y la amenaza atraer la intención del voto; si se ha beneficiado ilegítimamente del sistema; existe vínculo con procesos de corrupción; no mostraron intención de acercarse al pueblo que pretenden gobernar, entre otros.

Exijamos que nuestro sistema electoral fortalezca el accionar ciudadano para fiscalizar y buscar el bienestar social y que más sectores sociales participen optando a cargos públicos, y que no se vea a la ciudadanía como un caudal de votos. Es necesario lograr un verdadero proceso democrático, con credibilidad y representación absoluta.

Sucely Donis Bran // Economista investigadora / @SucelyDonisB

Esta columna fue publicada originalmente en Gato Encerrado, disponible aquí.