La corrupción en las adquisiciones públicas es un problema prácticamente en todo el mundo. Las diferencias entre regiones y países consisten la forma en la que lo solucionan.

En 2017 el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) tuvo la oportunidad de entrevistar a funcionarias y funcionarios de la Unión Europea (UE) a cargo de oficinas de vinculadas con la lucha contra la corrupción y el fraude. Además, en Suecia, uno de los países mejor calificados en los índices de transparencia, entrevistó a funcionarias a cargo de entidades responsables de adquisiciones públicas.

Fue muy interesante entender que la mayoría de los asuntos de corrupción y transparencia en la UE son manejados por cada Estado miembro, pero, lo referente a la transparencia y probidad en las adquisiciones públicas es de los pocos casos en los que los Estados han aceptado que los entes regionales establezcan normativas regionales. ¿Por qué? Bueno, porque, según aseveró el asesor principal del director general de la Oficina Europea Contra el Fraude, las adquisiciones públicas son el principal problema de corrupción en la UE.

Esta aseveración no dejó de ser sorprendente, ya que es exactamente el caso también en Centroamérica. Al igual que en los países centroamericanos, la UE continúa enfrentando desafíos serios en materia de rendición de cuentas y transparencia de las adquisiciones públicas, y frecuentemente encuentra resistencia y quejas de los funcionarios de los Estados miembro por los mecanismos anticorrupción y de transparencia que se imponen para prevenir y sancionar los abusos en las compras y las contrataciones de los gobiernos.

La Dirección General de Justicia de la Comisión Europea explica que las reglas de la UE para las adquisiciones públicas son muy estrictas. No constituyen un cuerpo legal estable, ni pétreo, son sumamente dinámicas, constantemente objeto de revisión y fortalecimiento para responder a prácticas y necesidades nuevas. En particular, estas reformas son frecuentes para ajustarse a nuevos esquemas de corrupción y otras formas de fraude. Las áreas más vulnerables a la corrupción de los sistemas de adquisición pública europeos son, del lado del sector privado empresarial, los proveedores y contratistas del Estado, y por el lado estatal, la debilidad de las instituciones estatales, especialmente en los países del Este europeo.

Pero no solo en estos países. Suecia continúa enfrentando desafíos para liberar su sistema de adquisiciones públicas de la corrupción y la opacidad. De hecho, también puede resultar sorprendente que a algunos de los problemas y desafíos que aquejan los sistemas centroamericanos de adquisiciones pública sean exactamente los mismos que son causa de preocupación y esfuerzos en Suecia. Así que tener problemas de corrupción en las adquisiciones públicas no es una característica inequívoca de países subdesarrollados o con los problemas más graves de pobreza, desigualdad o exclusión.

Resulta que el tipo de soluciones emprendidas tanto en Europa como en los países centroamericanos tampoco son muy distintos. Por ejemplo, tanto Suecia como los países centroamericanos han emprendido soluciones como: la implementación de soluciones tecnológicas con modalidades de adquisición pública como la subasta electrónica inversa; reorganización institucional con sentido estratégico en agencias nacionales de adquisiciones públicas y en los ministerios de finanzas o hacienda; mecanismos para la determinación de precios; sanciones estrictas para los delitos asociados a la corrupción y el lavado de dinero; capacitación de la burocracia responsable de las adquisiciones públicas; bases estandarizadas y transparentes; fortalecimiento de la planificación, entre otras.

Pero, entonces, ¿por qué en los países centroamericanos la corrupción en general, y en las adquisiciones públicas en particular, es mucho más grave y aguda que en Suecia y otros países de la UE? La misión del Icefi obtuvo también elementos muy claros para responder esta pregunta. Aunque los problemas, e incluso el tipo de soluciones, son básicamente los mismos, existe una diferencia enorme en la forma en la que se implementan.

La fortaleza y la madurez de la democracia sueca, comparada con las centroamericanas es un factor muy importante. En Suecia las normas suelen ser de carácter general y los privilegios son mucho más raros y escasos, mientras que en Centroamérica abundan y erosionan las bases de los sistemas fiscales. Por ejemplo, justo ahora en el Congreso de la República de Guatemala, avanza la aprobación de una ley que creará un sistema de adquisiciones particularmente laxo especial para las municipalidades, un sector caracterizado por su opacidad y graves niveles de corrupción. En Centroamérica, continúa demasiado fuerte el círculo vicioso entre financiamiento de campañas electorales, y sesgos y abusos en los contratos de obra pública, que son alterados con el propósito de pagar favores e «inversiones» durante las campañas electorales.

En Suecia el sector privado empresarial ha comprendido que la creación y el funcionamiento efectivo de una institucionalidad y legislación robustas para regular la competencia, es bueno para sus negocios. La Agencia Sueca de Competencia tiene facultades poderosas para investigar y sancionar abusos como los pactos colusorios y otras fallas de mercado. En contraste, en Centroamérica, las organizaciones empresariales privadas tienen cuotas de poder, influencia y control excesivos, que distorsionan severamente mercados como los de medicamentos o de obra pública, con impactos graves en los sistemas de salud pública o de inversión pública en infraestructura. También en Suecia, el largo y fructífero proceso democrático se refleja en que los sectores público y privado han alcanzado niveles altos de madurez política, reflejada en una relación de confianza, que permite una determinación de precios vía mecanismos de mercado, supervisado por las instituciones reguladas de la competencia. Un esquema que se antoja impensable en Centroamérica.

Nuestro verdadero problema no es que enfrentemos problemas de corrupción en las adquisiciones públicas, todo el mundo los enfrenta. Tampoco es que seamos ignorantes de lo que debemos hacer, ya que nuestras soluciones son prácticamente las mismas que las que han implementado los más exitosos. El verdadero problema es cómo hacemos las cosas: mientras sigamos cayendo en el despeñadero del autoritarismo, el retroceso democrático y la fascinación por la dictadura, seguiremos fallando, aún cuando los problemas y sus soluciones sean los mismos que en otras partes del mundo, donde les va mejor.

Ricardo Barrientos // Economista sénior

Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.