El Salvador es un país insostenible, y en esta ocasión no me refiero a la polarización política o a los altos niveles de violencia e inseguridad; sino a un problema que aunque no acapara titulares también debería estar en la agenda de discusión. Hablo de la insostenibilidad ambiental.

Desde la década de los 60 el uso que se hace de los recursos naturales es mayor que su capacidad de regeneración. A la fecha somos el país con mayor déficit natural en Centroamérica, evidencia contundente de que el modelo económico salvadoreño no solo ha fracasado en la generación de bienestar e inclusión social, sino que ha depredado los recursos naturales. Estos desafíos se intensifican al recordar que, a pesar de no ser grandes emisores de gases de efecto invernadero, nos encontramos en una de las regiones más vulnerables frente al cambio climático.

En septiembre de 2015, El Salvador adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en noviembre de 2016, ratificó el Acuerdo de París. En ambos instrumentos el Estado aceptó compromisos que en los próximos años le permitirán avanzar en la sostenibilidad ambiental, reducir la pobreza y garantizar un mejor nivel de vida a toda su población. Sin embargo, suscribir acuerdos y adoptar agendas internacionales es necesario pero no suficiente, hay que recordar que el papel aguanta con todo y si estos compromisos no se ven reflejados en el presupuesto público, no son más que buenas intenciones.

Al revisar el presupuesto aprobado para 2017, parece que las buenas intenciones son las que persisten. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es el segundo que menos recursos recibe dentro del Órgano Ejecutivo, con un presupuesto de USD 23.3 millones, lo que representa apenas el 0.5% del presupuesto del Gobierno Central y 0.1% del PIB. Hay poco para todo lo que toca hacer y esto denota que el medio ambiente y los recursos naturales en El Salvador son el claro ejemplo de lo que sucede con todos los bienes y servicios públicos: son nuestros a la hora de aprovecharlos, pero de nadie al momento de protegerlos.

Es claro que actualmente no estamos invirtiendo lo suficiente en asegurar la sostenibilidad ambiental del país,  ¿y si recurrimos a la comunidad internacional para que nos ayude? Desde ya deberíamos evitar confiar en esa alternativa, basta con ver el lugar de los temas ambientales en la agenda internacional, particularmente en la de los países industrializados. Tan solo la semana pasada Estados Unidos presentó la propuesta de recortar el presupuesto de su Agencia de Protección Ambiental en una tercera parte (cerca de USD 2,600 millones menos), nada extraño si recordamos que el director de dicha agencia es un escéptico del cambio climático, vinculado con  grandes compañías petroleras.

Esto pone en evidencia que si queremos invertir más en la protección del medio natural, no podemos depender de la ayuda internacional y tendremos que utilizar nuestros propios recursos. Algo muy difícil de alcanzar, considerando la situación actual de las finanzas públicas. Afortunadamente, en El Salvador aún tenemos alternativas no exploradas para financiar mayores inversiones públicas ambientales, ejemplo de ellos son los impuestos ambientales o impuestos verdes, que bajo el principio de «el que contamina, paga», son un instrumento de política fiscal que permitiría al Estado desincentivar actividades contaminantes, al mismo tiempo en que recauda recursos adicionales para financiar inversiones públicas que resguarden el medio ambiente y los recursos naturales.

La actual crisis fiscal debería ser una oportunidad para que todos y todas acordemos el país que queremos, sin dejar de lado la protección del medio ambiente y los recursos naturales. En la posibilidad de alcanzar un acuerdo fiscal integral, no solo está en juego pagar las cuentas pendientes de este mes, sino la oportunidad de empezar a avanzar en la senda del desarrollo sostenible, en la que le aseguremos a las futuras generaciones crecimiento económico, pero sobre todo bienestar social y un ambiente sano para vivir libres, en todos los sentidos.