En 2021 los países de Centroamérica –con la excepción de Panamá− se aprestan a celebrar los 200 años de su independencia política de España, formalizada el 15 de septiembre del lejano  1821.   Para conmemorarlo, las autoridades de los países han montado diferentes actividades tendientes a mostrarle a la población “el regocijo” por alcanzar ese hito histórico, y para “celebrar” que a partir de la independencia los ciudadanos viven mejor y su nivel de prosperidad ha mejorado.

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• Además: consulta el Perfiles Macrofiscales No. 14

Así en Costa Rica la celebración incluye exposiciones, una moneda conmemorativa, ediciones especiales de la Junta de Protección Social y Correos de Costa Rica, historias de 200 mujeres, una edición del Festival Nacional de Artes, entre cientos de actividades más (Prensa Latina, 2021).    En El Salvador, en pleno reacondicionamiento político causado por la toma de control de la Asamblea Nacional de los partidos afines  al actual Presidente del Organismo Ejecutivo, los diputados se apresuraron a declarar 2021 como “Año del Bicentenario de la Independencia de El Salvador y los Acuerdos de Paz”; además se ha planificado una serie de iniciativas culturales, religiosas y lúdicas,  para promover el significado del centro capitalino y el rescate de la memoria cívica del país. También se tiene prevista, entre otras cosas, la inauguración del “Monumento Integración al Bicentenario” como un tributo a los ideales del istmo.  En Guatemala, las celebraciones iniciaron  con una actividad en el parque arqueológico Iximché, que provocó el rechazo de la población debido a que se realizó en la superficie de un camposanto de los pueblos originarios, e incluye la realización de conciertos, la presentación de danzas conmemorativas, construcción de parques, reconocimientos a los grandes hombres y mujeres de la historia del país, y festivales gastronómicos, entre otros.  Por su parte, en Honduras las celebraciones iniciaron con el lanzamiento oficial de la conmemoración en la ciudad de Comayagua,  y se tienen planificadas actividades en los 298 municipios del país, que incluyen celebraciones, conferencias, exposiciones, entre otros, además de la emisión de un nuevo billete de L200.0 con motivos alusivos a la celebración y un juego interactivo para reforzar el conocimiento de los niños y jóvenes de la historia de la unión centroamericana.   Nicaragua destacó que espera que la semana del bicentenario se desarrollen actividades de historiadores, bailes folklóricos, exposiciones y presentaciones audiovisuales, entre otras actividades, que incluyen la creación de la orden “Bicentenario Victorioso, en Paz y Unidad” por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Aun cuando el espíritu de celebración parecer estar presente en toda la región, existen muchos grupos sociales que discrepan sobre la posición política de los Gobiernos actuales y sobre todo de la voluntad manifiesta de las élites económicas, acerca de la celebración del evento histórico de hace 200 años, a partir de que, aun cuando efectivamente se propició un cambio sobre los mecanismos de dirección en los países de la región, los niveles de vida de las grandes mayorías no cambiaron dramáticamente en dicho momento y en la mayor parte de las naciones, aun no viven en condiciones que permitan la realización de sus derechos. En las siguientes páginas se analiza muy rápidamente cuáles son los objetivos de las sociedades centroamericanas y se evalúa si efectivamente existen razones para celebrar actualmente.

Los propósitos de la sociedad centroamericana: en la búsqueda de los verdaderos motivos para celebrar

Al margen de la necesaria discusión sobre el momento efectivo en el que los países de la región, independientemente de sus conflictos internos, se transformaron en sociedades que podían dirigir sus destinos en forma autónoma −y que se encuentra dentro del campo de historiadores, sociólogos y antropólogos, lo que excede el propósito del presente documento−, es importante evaluar si el momento histórico es propicio para celebrar o al menos conmemorar la teórica independencia de la región.  El primer paso consiste en determinar apropiadamente el concepto de sociedad.   De esa forma, de acuerdo a la Real Academia Española (2021), se establece que la sociedad “es un conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajos normas comunes; es una agrupación natural o pactada de personas, organizada para cooperar en la consecución de determinados fines”.  Atendiendo a lo anterior, una sociedad se puede considerar exitosa en la medida que, los individuos viviendo bajo normas comunes, alcanzan ciertos fines colectivos, esto es, que la sociedad logra los propósitos para los que fue creada; de allí que, el concepto de sociedad involucra la persecución del alcance de los sentimientos, deseos, aspiraciones y condiciones de vida de la totalidad de la población y no solo de un segmento social en particular.

Analizando dicho extremo se puede verificar que en el artículo 50 del texto constitucional de Costa Rica se plasma que: «El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza». El artículo 1 de la constitución salvadoreña establece que: «es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social». La constitución guatemalteca, en su artículo 2, plantea que: «Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona». El preámbulo de la constitución hondureña señala la importancia de que se: «fortalezca y perpetúe un Estado de derecho que asegure una sociedad política, económica y socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre, como persona humana, dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien común».

Por su parte, el artículo 4 de la constitución nicaragüense indica que el Estado: «promoverá y garantizará los avances de carácter social y político para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, protegiéndolos contra toda forma de explotación, discriminación y exclusión». Y, en la misma línea, el preámbulo de la constitución panameña esgrime que se debe: «garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional».

En consecuencia y en términos generales, los propósitos primarios de los Estados centroamericanos son el establecimiento de sociedades en donde primen el bien común, la libertad y la justicia social. En el ámbito económico, ya se indicaba que la constitución costarricense señala que se debe buscar el adecuado reparto de la riqueza; lo mismo hace la nicaragüense (art. 98). En similar dirección, en la de El Salvador (art. 101) y en la de Guatemala (art. 118) se plantea que el orden económico debe responder a principios de justicia social. Adicionalmente, en Honduras (art. 329) y Panamá (art. 282) se resalta el rol planificador del Estado. En otras palabras, en los pactos sociales de Centroamérica se encuentra plasmado el papel activo del Estado, no solo para lograr un mayor crecimiento económico, sino para asegurar que dicho crecimiento se traduzca en mejorar las condiciones materiales de la población.

Asimismo, para asegurar el bien común, las constituciones plasman como propósito el cumplimento del derecho a la educación, incluso estableciendo su obligatoriedad. Costa Rica plantea un propósito ambicioso al indicar que desde la educación preescolar hasta la general básica son obligatorias y costeadas por el Estado, incluyendo de los 4.5 a los 15 años; para el efecto, la legislación establece que el gasto público en educación —incluyendo los gastos en educación superior— no podrá ser menor al 8.0% del PIB anual (art. 78). En Panamá (art. 95), la educación oficial es gratuita en todos los niveles preuniversitarios, mientras que la educación básica general, que va de los 4 a los 14 años, es obligatoria para todos los habitantes del país. En esa misma dirección, en Nicaragua (art. 121) la educación primaria tendría que ser obligatoria y, hasta la enseñanza secundaria, gratuita, abarcando de los 5 a los 17 años.

En Guatemala (art. 74), todos los habitantes tienen derecho de recibir desde la educación inicial hasta la básica, de los 0 a los 15 años, y cuando es impartida por el Estado, esta es gratuita. En el caso de El Salvador, la educación parvularia y la básica son un derecho, además de establecerse su gratuidad cuando las imparta el Estado para el período de 4 a 15 años (art. 56). En Honduras (art. 153), por su parte, el Estado tiene la obligación de desarrollar la educación primaria y básica, lo cual abarca el ciclo comprendido entre los 4 y los 17 años.

Otro de los propósitos enunciados es la garantía de la salud de los habitantes de los países. Cabe mencionar, en este sentido, que los textos constitucionales de El Salvador (art. 65) y Guatemala (art. 95) definen a la salud como bien público, mientras que el de Honduras (art. 145), Nicaragua (art. 59) y Panamá (art. 109) la reconocen como un derecho. Aun cuando no se reconoce explícitamente el derecho a la salud, en Costa Rica la jurisprudencia constitucional ha planteado que este se deriva del derecho a la vida, plasmado en el artículo 21 constitucional (Calzada Miranda y Castillo Víquez, 2018).

Sumado a la salud se encuentra el propósito de garantizar la seguridad social. En Costa Rica, se plantea que el Estado debe asegurar la universalización de los seguros sociales que protejan a los trabajadores contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez y muerte (artículos 73 y 177). En El Salvador (art. 50) y Guatemala (art. 100), la seguridad social debe constituir un servicio público de carácter obligatorio. Honduras (art. 142), Nicaragua (art. 61) y Panamá (art. 113) reconocen la seguridad social como un derecho que el Estado debe garantizar.

Vale la pena resaltar que los Estados centroamericanos se han propuesto asegurar un desarrollo sostenible, por lo que el tema ambiental juega un rol trascendental. Costa Rica (art. 50), Nicaragua (art. 60) y Panamá (art. 118) establecen el derecho de la población a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En El Salvador (art. 117) y Guatemala (art. 97), el Estado debe proteger los recursos naturales y asegurar el equilibrio ecológico, mientras que en Honduras (art. 145) el Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas.

Como se observa, las constituciones de Centroamérica evidencian una notable coincidencia en las áreas económica, social, política y ambiental, pues expresan los propósitos que anhelan las sociedades del istmo. Estas finalidades deberían servir para la orientación del quehacer de los Estados, reafirmando así la búsqueda del cumplimiento de las aspiraciones de los habitantes de la región, por lo que la sociedad centroamericana solo debe aprestarse a celebrar cuando las condiciones para las que fueron organizadas se cumplan o por lo menos vayan en la senda correcta y no antes.

Por supuesto, tanto las autoridades como las élites económicas que han sido beneficiadas a lo largo de la historia, incluyendo muchas cuya riqueza fue heredada de los grupos de criollos que tomaron el control gubernamental ante la separación política de España en 1821, tienen intereses comunes en la celebración:  cumplen 200 años de preservar un estilo de crecimiento afín a sus particulares intereses y celebran que la estructura del Estado actual propicia el mantenimiento de sus privilegios y poder.  Sin embargo, es pertinente evaluar si lo mismo ha sucedido con el resto de los habitantes de la región, por lo que es conveniente estudiar cómo se encuentran los indicadores de bienestar de la población centroamericana y determinar de esa forma si la población en general tiene motivos para la celebración.  

Los niveles de desarrollo humano en la región: la contradicción entre los discursos políticos y la realidad

Lo definido en las Constituciones Políticas de los países de la región deja con claridad que el propósito de las sociedades no se alcanza cuando se dispone de cierto nivel de crecimiento económico, o de cierta estabilidad de los precios o del tipo de cambio; o cuando se promueve el comercio internacional o  se crean tratamientos tributarios preferenciales para atraer teóricamente a la Inversión Extranjera Directa (IED), entre otros aspectos que han sido esgrimidos históricamente por los Gobiernos para tratar de justificar su accionar y que obviamente son de interés para las élites económicas.   Todos ellos, son simplemente  herramientas que deben evaluarse permanentemente para establecer si han sido de utilidad para lograr los fines sociales definitivos, no son los fines de la sociedad per se.   Por ello, la medición del avance de los países de la región no debe hacerse en términos macroeconómicos determinando si se creció un porcentaje en el PIB, o si la inflación se ubicó dentro de la meta, o si las exportaciones crecieron un determinado porcentaje: se debe hacer a partir de cómo mejoró el nivel de vida de la población y cómo están sus expectativas de mejora.

En ese sentido, el PNUD en su Human Development Report 2020 (2021) emitió recientemente sus calificaciones del Índice de Desarrollo Humano (IDH) para 189 países,  de acuerdo a los estándares de medición establecidos, y a partir las cuales es  posible construir una serie histórica de datos y evaluar su nivel aparente de vida.    Los criterios básicos del IDH  son el nivel de ingreso per cápita ajustado a la condición de paridad de poder de compra de los Dólares de Estados Unidos de América en 2017;  la cobertura y calidad de los sistemas de salud medidos por medio de su proxy,  la expectativa de vida y la cobertura de educación. El índice ubica a Panamá y a Costa Rica dentro del rango de sociedades de “Desarrollo Humano Muy Alto”, y las coloca en el  segundo cuartil de la medición, mientras que al resto de las naciones las considera  como de “Desarrollo Humano Medio” y las posiciona en el tercer cuartil de la evaluación.    

Un análisis con un mayor grado de profundidad permite observar que Centroamérica tiene un desempeño por debajo de los valores medios que se registran en el mundo, de los experimentados en los países de la OCDE y de los de Latinoamérica y el Caribe,  en prácticamente todos los componentes del Índice.   De esa forma, en la expectativa de vida la región reporta una media de 76.0 años, y si se sustrae Panamá, dado a que este país no celebra el bicentenario de la independencia, el valor alcanza 75.5 años, y que  se encuentra por debajo de las experiencias de Latinoamérica y El Caribe,  y de la OCDE, aunque si por encima del mundo, que lamentablemente incluye los valores muy bajos que se obtienen en  las regiones de África Subsahariana y del sureste de Asia,  que reportan tan solo 61.5 y 69.9 años respectivamente. 

Probablemente el aspecto más lamentable de la evaluación es el correspondiente a la escolaridad,  en donde la región presenta una media de 7.7 años, muy por debajo de los valores observados en el mundo, en Latinoamérica y por supuesto en la OCDE.   Dicho valor empeora si se sustraen en secuencia las mediciones correspondientes a Panamá y Costa Rica, dado a que reportaría tan solo 7.1 y 6.8 años de escolaridad media respectivamente.   Finalmente, y a pesar que los Estados de la región disponen de mucha riqueza natural y ubicación estratégica respecto de los mercados más grandes del mundo, la misma no ha sido bien explotada, además de estar mal distribuida −como será referenciada posteriormente−, de tal forma que el PIB per cápita PPP 2017 se encuentra por debajo de los estándares del mundo, de la OCDE, y Latinoamérica y El Caribe, y de todas las regiones del mundo, con la excepción del Sur de Asia y del África Subsahariana.   Lamentablemente,  los resultados empeoran dramáticamente si se excluyen de las mediciones a  Panamá y Costa Rica, dado a que implicaría un PIB per cápita PPP 2017 para los países del CA-4 de tan solo USD6,861.3, solo comparable con el obtenido por las regiones más pobres del mundo.

En forma complementaria, el Banco Mundial presenta la evaluación de algunas  características del nivel de calidad de desarrollo para cada uno de los países y regiones, las que definen no solo los resultados obtenidos a la fecha sino también de las prioridades que los diferentes gobiernos de la región han dado a las tareas que conforme sus constituciones políticas deben cumplir.   De esa forma, la región centroamericana presenta en promedio, niveles inferiores en la disponibilidad de camas de hospital y de médicos por cada 10,000 personas, de los que reporta Latinoamérica y El Caribe, la OECD y el mundo en general;  sin embargo, una profundización del análisis  permite observar que Costa Rica, El Salvador y Panamá reportan mejores estándares que el resto de la región,  lo que desnuda los rezagos del resto de países, y permite concluir que los resultados  para Guatemala y Honduras (3.5 y 3.1 médicos por cada 10,000 habitantes) solo se encuentran por encima de los registrados por los países del África Subsahariana (2.3 por cada 10,000), mientras que en materia de camas de hospital (4 y 6 por cada 10,000 habitantes respectivamente), se encuentran por debajo de dicha región, y  los resultados son solo equivalentes a los de los países pobres del sudeste de Asia con 6 camas de hospital por cada 10,000 habitantes.

En materia de estudiantes de primaria por maestro, el promedio de la región se encuentra relativamente en sintonía con el resto del mundo, aunque destacan los resultados de Costa Rica, que está al nivel de los países de la OECD.   De igual forma la población rural con acceso a electricidad permite identificar espacios de mejora para Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como en lo relacionado con el acceso a los sistemas de agua potable, en donde además de la carencia propia de estadísticas de los países de nuestra región, se evidencian muchos aspectos de potencial mejora.

Los datos del IDH presentan también que la producción de los países de la región es limitada y por ende el nivel de ingresos que se pueden obtener de la misma, previo a su distribución,  lo que plantea la necesidad de reinventar el sistema productivo del país, atendiendo a la premisa de que: “si seguimos haciendo lo mismo tendremos los mismos resultados”.   Los datos del World Economic Outlook (abril de 2021) muestran que durante el período 2001-2020, el crecimiento del PIB per cápita, incluyendo los efectos de la pandemia de covid-19, registró un crecimiento del 179.6% en Panamá equivalente a prácticamente duplicar su nivel de ingresos en los últimos veinte años, y que quedó ligeramente por debajo del experimentado por los países del Asean-5 conocidos internacionalmente por su dinámica económica.  El siguiente país en dinámica económica para la región, siguiendo un modelo productivo relativamente diferente al panameño, fue Costa Rica que reportó un crecimiento del 48.9% en su PIB per cápita durante los veinte años del presente siglo.

Lamentablemente, los países del CA-4 solo reportan un crecimiento promedio del PIB per cápita del 24.5% en veinte años, que si bien es cierto está por encima de la dinámica de Latinoamérica y El Caribe y de las economías avanzadas, definitivamente es insuficiente para crear mejores condiciones de vida para su población.  Además, como podrá observarse, la velocidad de crecimiento del PIB per cápita de los países del CA-4, se encuentra por debajo de la observada por los países del África subsahariana, por lo que parece que algo están haciendo mejor ellos que los de la región del CA-4.

La debilidad y poca modernización  del sistema productivo de los países de la región, se manifiesta inicialmente en una clara falta de oportunidades para la población, propiciando altos niveles de pobreza como de pobreza extrema. Conforme las últimas estimaciones tanto oficiales  como del FMI y del BM, la región contaba  en 2020 de 49.8 millones de habitantes, de los que 40.3 millones (80.9%) vivían en la región del CA-4,  la subregión de peores condiciones de vida y de menor dinámica económica en Centroamérica.   De esa manera, de los 49.8 millones de habitantes, conforme estimaciones de Cepal en su Panorama Social de América Latina 2020 (2021) al cierre de 2020 existían un mínimo de  22.1 millones (44.3%) en condiciones de pobreza y 8.3 millones (16.6%) en miseria.

La pobreza es causada en gran parte por el estilo de crecimiento económico  vigente en la región, pero también por la mala distribución de la renta y de la riqueza,  que deriva tanto de:  la vigencia de un sistema económico que descansa en un modelo de agroexportación que explota como criterio de competitividad internacional el bajo nivel de salarios y en donde las autoridades públicas parecen no tener interés en realizar un real cambio de matriz productiva;   de la ineficiencia de un sistema de producción con mal funcionamiento de los mercados y que tiene tendencias a la concentración, como de la carencia de una política fiscal progresiva que tienda a producir un efecto positivo sobre las oportunidades de la población.

Así la región, en forma similar a lo que sucede con Latinoamérica,  presenta altos niveles de concentración del ingreso medidos por el coeficiente de Gini, muy por encima de las prácticas de la OCDE y del valor que se puede calcular para el mundo con los datos del BM.   El país del nivel de concentración mayor es Honduras que reporta un Índice de Gini del  52.1%, en consonancia con el hecho de ser la nación de la región con los mayores niveles de pobreza y pobreza extrema.  En forma complementaria, si se analiza la relación entre el porcentaje de riqueza retenida por el 10.0% de la población con mayores ingresos, respecto del 40.0% retenido por los más pobres, se observa que el resultado de Honduras es el más grande de la región, y es, con toda seguridad, uno de mayores del mundo.

Finalmente, la falta de oportunidades en los países de la región ha producido una expulsión sistemática de habitantes que han buscado otras localidades del mundo para tratar de alcanzar un mejor nivel de vida.  Según un reportaje del Migration Policy Institute —MPI— (2019) de Estados Unidos, más de 4.4 millones de centroamericanos han buscado ubicarse en otro país, siendo su destino primario EE.UU., con la excepción de los originarios de Nicaragua que se ubican primariamente en Costa Rica.  Así, el MPI, a partir de información del censo norteamericano, estima que en 2017 el número de inmigrantes centroamericanos ubicados en el país alcanza 3.5 millones,  proviniendo principalmente de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, es decir de los países del CA-4, en donde prolifera la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, la inseguridad y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

La situación en esta materia se ha ido agudizando en forma sistemática, al extremo que, en los últimos años, incluso con el recrudecimiento de la represión gubernamental mexicana y guatemalteca, los migrantes se han organizado en caravanas para tratar de alcanzar los Estados Unidos, a pesar de poner en riesgo su dignidad, salud y vida.

Paradójicamente, la falta de oportunidades de la población en una región que ha expulsado a millones de centroamericanos,  ha producido el ingreso de miles de millones de dólares de EE.UU.  para las familias de la región centroamericana y que proceden del trabajo de los migrantes; estos flujos, sin embargo, han servido para financiar los desequilibrios en la balanza comercial y mantener, de alguna forma, la débil gobernabilidad de varios de los países, cuyas autoridades,  en algunos extremos,  han anunciado dicho flujo como un logro económico de sus administraciones.   A la fecha, el nivel de ingresos por remesas representa el equivalente al 9.9% del PIB, el 53.3% de las exportaciones regionales, el 35.9% de las importaciones y el 636.1% de la IED que recibe la región (Cepal, 2021), convirtiéndose en prácticamente uno de los motores principales que alimenta el consumo y sostiene a muchas familias de la región.  Los casos más dramáticos se encuentran nuevamente en los países del CA-4 que presentan altos niveles de ingresos por remesas, siendo Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala con 23.8%, 23.0%, 15.2% y 14.7% del PIB,  los que más dependen de dichos flujos.

Un horizonte sin sostenibilidad socioeconómica, política y ambiental

La constante migración de centroamericanos al resto del mundo es producida por los fenómenos explicados anteriormente y que provocan la percepción social de que no existen oportunidades y de que la situación no cambiará en un plazo corto, debido a la prevalencia de modelos económicos atrasados que no generan empleo y de que cuando los producen, estos no responden a mercados competitivos, por lo que no garantizan, por medio de apropiadas remuneraciones, la posibilidad de satisfacer las necesidades de la población, en el corto, mediano y largo plazos.

Gran parte de la carencia de empleos en la región, en forma paralela a los bajos niveles de crecimiento económico, se origina por los escasos niveles de formación bruta de capital fijo que en Centroamérica, sin considerar Panamá, alcanzan solo el 18.2% del PIB, por debajo de los valores observados en Latinoamérica, los países de la OCDE y el mundo en general.   Dicha situación que es más preocupante en Guatemala en donde la inversión apenas alcanza el 14.5% del PIB e incluso ha sido declinante en los últimos años, no implica solo que se deben mejorar las condiciones para que el volumen de inversión se incremente, sino que también debe buscarse un balance entre la creación de condiciones productivas de corto plazo y de aquellas inversiones que potencien la capacidad de la sociedad en el mediano y largo plazos.  

Así,  se observa también que mientras en el mundo los gastos asociados a Investigación y Desarrollo para potenciar la capacidad productiva futura alcanzan 2.1% del PIB y en Latinoamérica 0.6% del PIB, en la región apenas reporta 0.1% del PIB,  mientras que en Guatemala y Honduras, los países con mayor nivel de pobreza de la región, es tan insignificante que el PNUD lo reporta como 0.0%.    Paradójicamente,  mientras en Honduras no se invierte en Investigación y Desarrollo, el presupuesto público si incluye el financiamiento a gastos militares del orden de 1.7% del PIB, uno de los más altos de Centroamérica, y que si bien están por debajo del promedio mundial, también es cierto que Honduras no es un país en guerra y que debiera hacer un uso más racional de los recursos disponibles.

Un elemento de interés para las sociedades de la región es que mientras en el mundo se estima que el 47.3% de la fuerza de trabajo se considera calificada, Centroamérica solo presenta el 36.0% de la mano de obra disponible en dichas condiciones (32.4% sin Panamá), siendo los países con mayor prevalencia de mano de obra no calificada: Guatemala, Honduras y Nicaragua con solo 18.2%, 28.2 y 30.5% de la fuerza de trabajo apta para desempeñar actividades productivas.

Parte de la poca disponibilidad de la mano de obra calificada en la región deriva de la escasa complejidad de la producción, que durante muchos años ha descansado en un esquema agroexportador monocultivista que utiliza como estrategia primaria de competitividad, la disponibilidad de mano de obra barata; para ello, los Estados, además de promover estrategias de tratamientos tributarios diferenciados dirigidos a reducir el costo de producción de los exportadores, también los ha favorecido con el establecimiento con condiciones salariales por debajo del mercado y de escasa protección para los derechos de los trabajadores, en lugar de crear esquemas competitivos e innovadores que demanden mano de obra altamente tecnificada.

De acuerdo con el Índice de Complejidad Económica (2021) publicado por el Observatorio de Complejidad Económica, la complejidad de una economía se puede medir por medio del conocimiento productivo que cada país acumula en su producción, de tal manera que entre más complejos sean los bienes y servicios ofrecidos, más conocimiento se incorpora en los mismos, requiriendo una mayor capacidad de mano de obra, y haciendo más competitivo al país en el mediano y largo plazo, por lo que se promueve un mayor nivel de  crecimiento del PIB per cápita en el futuro.   De allí que no es suficiente con promover la educación en un país para disponer de mayor crecimiento económico, sino que su estructura productiva debe tender a crear mecanismos de producción complejos y crear bienes cada vez más sofisticados, y que demande mano de obra de mayor nivel y con la capacidad de generar mayor valor agregado, para mejorar la productividad en el mediano y largo plazo.   Lo anterior explica con claridad el fenómeno de Guatemala en donde a pesar de disponer de un buen número de maestros respecto de los alumnos que atiende en la escuelas primarias, cuando los profesionales salen al mercado de trabajo no disponen de trabajos acordes a su preparación, por lo que solo les queda el camino de la empresarialidad en un mercado muy informal o la migración hacia EE.UU., mientras que en el mercado laboral aparenta no disponer de la mano de obra calificada necesaria para el tipo de producción que emprende.

El Índice, que ubica en las primeras posiciones a Japón, Taiwán, Suiza, Alemania y Corea del Sur, coloca como el país centroamericano con el mayor grado de complejidad en su producción, a Costa Rica en la posición 53, seguido de Panamá en la 61, El Salvador en la 72, Guatemala en la 85, Honduras en la 99 y Nicaragua en la 129, de un total de 157 países evaluados; en los resultados del Índice se puede observar que están fuertemente correlacionados tanto con la capacidad productiva de los países, como con el bienestar  de su población.

De acuerdo con los resultados del Índice,  los países que no solo tienen mejor complejidad económica en su producción, Panamá y Costa Rica, han mantenido la misma trayectoria en los últimos períodos —habrá que realizar una evaluación más exhaustiva para el caso panameño que refleja cambios drásticos en la presente década—, mientras que otros como Nicaragua y Guatemala, que basan su crecimiento productivo en la fabricación de productos similares de extracción agrícola básica, sin la incorporación de nueva tecnología,  han reducido paulatinamente su complejidad productiva, lo que les ofrece una menor expectativa de productividad futura.

Un aspecto insoslayable para el funcionamiento de largo plazo de las sociedades, lo representa el fortalecimiento de su gobernabilidad, que debe incluir el establecimiento de una democracia participativa, con respeto a las libertades civiles y los derechos humanos.  Así, se estima que entre más democrática es una sociedad, mejores expectativas tendrá en el futuro, garantizando su sostenibilidad de largo plazo.

En ese sentido, The Economist Intelligence Unit ha publicado desde 2006 su Índice de Democracia, en el que a partir de sesenta indicadores calificados en cinco categorías,  trata de establecer una puntuación que permita evaluar el tipo de Gobierno que dispone cada país y su proclividad a promover mejoras en el largo plazo para la sociedad.

De esa forma, en el Democracy Index 2019 (2020) se establece que en el mundo actual, de los 167 países evaluados, 22 pueden ser considerados como democracias completas,  54 democracias imperfectas, 37 regímenes híbridos y 54 regímenes autoritarios.   Como era esperable, la nación centroamericana con la mejor posición es Costa Rica que ocupa la posición 19 y se considera como una democracia plena o completa; le siguen Panamá en la posición 46 y El Salvador en la 71, que son considerados como democracias imperfectas; Honduras en la 89 y Guatemala en la  93 que se consideran como regímenes híbridos; mientras Nicaragua, en la posición 122, se califica como un régimen autoritario.  De acuerdo con The Economist el aspecto más débil en la región se refiere al funcionamiento del Gobierno que recibe una puntuación media regional de 5.0 puntos, seguido la cultura y la participación política que reciben valores medios de 5.1 y 5.3 puntos respectivamente.   La mejor calificación la obtiene la región, incluso a pesar del muy bajo valor para Nicaragua, en el aspecto de proceso y pluralismo electoral con 7.4 puntos como media, lo que confirma la percepción ciudadana de que en muchos países,  se han construido democracias electorales, es decir que funcionan solo para el momento de las elecciones.

Otra de las grandes preocupaciones de la sociedad actual es la potencial capacidad de reproducción de su actividad productiva, y que encuentra su principal referencia en el uso de los recursos naturales que los países tienen a disposición.   Conforme los datos disponibles, se observa que en materia del consumo de combustibles fósiles parece que la región está realizando un mejor trabajo que el resto del mundo, dado a que, salvo Panamá, su principal fuente de energía deriva de la utilización de sus recursos renovables.   Así, mientras en el mundo el 80.6% de la energía deriva del consumo de combustibles fósiles,  en la región, especialmente si se excluye a Panamá,  solo el 45.8% procede de dichas fuentes.

Lamentablemente el buen manejo en materia energética no se reproduce en cuidado de bosques: durante el  período de 1990 a 2016 la región perdió el 22.2% de su cobertura forestal y, si se excluye Panamá, dicho porcentaje crece  al 24.9%, destacando los terribles resultados en los países del CA-4, en donde en promedio la pérdida forestal alcanzó 33.3% del área, lo que implica que en menos de tres décadas los países dilapidaron un tercio de su disponibilidad de bosques.  En muchos de estos países, especialmente en Guatemala, Honduras y Nicaragua la destrucción de los bosques está asociada a prácticas depredadoras causadas por ganaderos y productores de palma, mientras que en El Salvador su origen parece estar en la expansión de la frontera agrícola y el crecimiento poblacional.  En consecuencia, la renuencia de las élites económicas a abandonar las prácticas de agroexportación de productos primarios, de baja complejidad, también tiene como consecuencia la diladipación de los recursos naturales.   En forma complementaria y aun cuando no existen datos para toda la región, los países más afectados por sequías y que comprenden lo que se ha dado por llamar el “corredor seco”,  son precisamente aquellos que han reducido su cobertura forestal y han puesto en peligro su disponibilidad de agua dulce para consumo humano.

Es pertinente comentar que en materia de protección a la cobertura forestal y de los afluentes de agua dulce, Costa Rica tiene un papel destacado no solo a nivel regional, sino mundial, al extremo que incrementó el tamaño de su superficie boscosa durante el período de análisis, reportando simultáneamente un menor porcentaje de tierra degradada, lo que hace pensar en mejores expectativas de sostenibilidad ambiental de largo plazo.

La persistencia de la discriminación de género y hacia los grupos originarios

Una de las más grandes preocupaciones de las sociedades modernas gira en torno a la necesidad de crear condiciones de inclusión para los diferentes grupos que la conforman, de tal manera que se genere igualdad de oportunidades entre estos, y las posibilidades de desarrollo se distribuyan igualitariamente.

Históricamente dos de los grupos que tienen niveles más altos de discriminación en la región centroamericana, son las mujeres y los grupos indígenas, los que, aun cuando han ido avanzando en la reivindicación de sus derechos, todavía tienen muchos espacios de mejora para lograr la igualdad, respecto a los otros segmentos sociales.   

Los datos muestran que el porcentaje de mujeres en diferentes aspectos de la vida en sociedad todavía no alcanzan a reportar un razonable equilibrio respecto de los obtenidos por los varones.   Así, el porcentaje de mujeres que se logran graduar a nivel terciario en disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se ubica en promedio en torno al 35.2% del total, siendo Honduras y Panamá los países en donde la mujer ha alcanzado un grado mayor de participación; en sentido contrario El Salvador apenas presenta al 23.1% de las mujeres dentro del total de graduados en estas disciplinas.   En cuanto al porcentaje de mujeres en puestos medios y superiores de gerencia, el porcentaje de la región se ubica en alrededor del 37.7%, siendo Honduras el país en donde las damas tienen una menor participación al reportar únicamente el 13.7% de los puestos de gerencia atendidos por mujeres; estos indicadores de pueden extrapolar a la participación de la mujer en el Gobierno, en donde los porcentajes decaen hasta el 30.5% de participación en el parlamento y 25.1% en los gobiernos locales; de allí que se puede intuir que es más fácil que una mujer ocupe una posición de relevancia en una empresa privada que en el Gobierno.

Finalmente, el PNUD informa que –no es porque no hayan más elementos que analizar− se observa la prevalencia de tiempo de trabajo no remunerado por las mujeres,  que oscila en alrededor del 19.3% del día (unas cuatro horas y media diarias), y que es dedicado a realizar tareas domésticas y de cuidado, sin remuneración.

Por su parte, la población que se autoidentifica como indígena o de pueblos originarios, conforme a los datos del informe de Cepal, Los Pueblos Indígenas de América Latina y la Agenda 2030 (2020) alcanza 53.4 millones de personas, alrededor del 9.8% en América Latina;  sin embargo, dichos porcentajes varían de país en país.  Así en Guatemala se estima que el 43.6% de la población se autodenomina como indígena, mientras que en Panamá es de 12.3%, en Honduras 7.8%, en Nicaragua 6.3% y en El Salvador 0.2% de la población total, por lo que el trato que le dan los Gobiernos es muy diferenciado, al extremo que existen naciones en donde el tema prácticamente es ignorado.

El informe muestra que los grupos indígenas tienen mucha fragilidad demográfica, relacionada primariamente con: desplazamientos forzados; escasez de alimentos; contaminación de las aguas producidas por las grandes explotaciones de agroexportación; degradación de los suelos; desnutrición y elevada mortalidad, entre otros aspectos, que empujan a muchos pueblos indígenas al aislamiento voluntario, a la migración y a la desaparición forzosa.

Aunque el problema es manifiesto, se presenta de mayor forma en Guatemala y Panamá, en donde diferentes estudios han mostrado menor atención en los servicios de educación y salud dirigidos a los pueblos indígenas; problemas de reconocimiento de tierras en Guatemala, Honduras y Nicaragua; expansión de la frontera agrícola y ganadera hacia sus territorios y la amenaza latente del modelo extractivista en algunas regiones.

Finalmente, es importante comentar que en el mundo académico actual existen una serie de índices que, de una u otra forma, contribuyen a comprender el fenómeno del funcionamiento de las sociedades modernas, sin embargo, el propósito del presente documento fue simplemente mostrar que en las condiciones actuales y dadas las trayectorias observadas, la mayor parte de las sociedades centroamericanas no tienen sostenibilidad económica, política y ambiental en el medio plazo, por lo que lejos de celebrar el bicentenario  debieran estar dedicando todo su esfuerzo y recursos a hacer  frente a dichos desafíos.

Conclusiones

1. Bajo el argumento de la conmemoración del nacimiento de la nacionalidad centroamericana, la totalidad de los países centroamericanos que se independizaron de España en 1821, están haciendo preparativos para implementar programas de celebración que incluye desde actos alusivos, exposiciones, conciertos, exposiciones, hasta la construcción de monumentos y parques.  En ningún caso existe información pública sobre el monto de los recursos que serán asignados para el efecto y por supuesto no existe evidencia de que dichos gastos produzcan algún beneficio para la sociedad.
2. La investigación permitió identificar que el propósito principal de las sociedades centroamericanas, consagrado en sus constituciones políticas, gira en torno a la búsqueda del bienestar colectivo y la promoción del desarrollo integral de las personas.  Estos vectores de desarrollo incluyen los aspectos social, económico, político y ambiental en todos los Estados, y no discriminan de dicho bienestar a ningún segmento social o género en particular.   En consecuencia, se puede afirmar que las sociedades centroamericanas definen su éxito en la medida que la totalidad de la población alcanza estratos de desarrollo y bienestar económico y social, y existen condiciones de prevalencia y sostenibilidad de largo plazo.
3. Cuatro de los seis países de la región, concretamente los identificados como de la región CA-4, presentan muy bajos niveles de desarrollo, caracterizado por mediocres niveles de PIB per cápita y baja inclusión educativa, incluso a niveles cercanos de los países pobres del este de Asia y del África subsahariana.   En ese sentido, Guatemala y Honduras presentan niveles de atención médica solo por encima de los niveles del África subsahariana y en materia de disponibilidad de camas solo por encima de los países pobres del sudeste de Asia.
4. El crecimiento económico de los países, particularmente del PIB per cápita durante el período 2001-2020 de  los países del CA-4 presenta un crecimiento muy exiguo, lo que impide la mejora en las condiciones de vida de la población.  Gran parte de ese bajo nivel de crecimiento obedece a la existencia de plataformas productivas de producción de mercancías de agroexportación que han basado su estrategia de competitividad internacional en el establecimiento de bajos salarios.
5. Como consecuencia, la región reporta en 2020 alrededor de 22.1 millones de pobres, 44.3% de su población, y de cerca de 8.3 millones de personas viviendo en condiciones de miseria, 16.6% de la población.  Los niveles más altos de pobreza y pobreza extrema se presentan en Guatemala, Honduras y Nicaragua.  En forma complementaria, los países de la región presentan en promedio un índice de concentración de la renta del 47.1% y una relación de riquezas del 10% más rico respecto del 40.0% más pobre del 282.4%, muy por encima de lo observado en el mundo en promedio y de los países de la OCDE, aunque convergente con lo observado en Latinoamérica y El Caribe, la mayor parte de ellos antiguos territorios españoles.   El país con la mayor desigualdad en la distribución de la riqueza es Honduras, quien además presenta el más alto cociente entre más ricos y más pobres, con 376.0%.
6. Como consecuencia de la pobreza, la insuficiente capacidad de la actividad económica para generar empleos y la mala distribución de la riqueza, gran parte de los ciudadanos de la CA-4 han tenido que migrar hacia otros países, especialmente a EE.UU., en donde su trabajo produce un gran contingente de recursos que financian el consumo de sus familias en los territorios centroamericanos.  El contingente de recursos representa el 9.9% del PIB regional, el 53.3% de las exportaciones y el 636.1% de la IED que recibe la región. 
7. Las sociedades de la región, en promedio,  no son sostenibles socioeconómica, política y ambientalmente.  Con la excepción de Panamá, los países de la región disponen en los últimos años de bajos niveles de inversión que impiden un crecimiento sostenido de la actividad económica que produzca en el largo plazo una mejora en el bienestar; de la misma forma el porcentaje de fuerza de trabajo calificada, especialmente en Guatemala, Honduras y Nicaragua, se encuentran muy por debajo de las experiencias mundiales, lo que es convergente con el clima de exclusión social y la potenciación de la migración, así como de la falta de inversión en Investigación y Desarrollo en los países.     Como paradoja, los países más pobres de la región son aquellos que realizan gastos militares.
8. La producción de la región, pero especialmente las de los países del CA-4 tiene un bajo nivel de complejidad, lo que quiere decir que su producción y exportaciones se fundamentan en productos de bajo conocimiento acumulado, por lo que demandan mano de obra no calificada para el efecto, y por ende, no les interesa la promoción de la mejora en las condiciones de vida de la población y mucho menos el aumento de salarios.  Dichas condiciones son insostenibles en el largo plazo.
9. De forma paralela, los gobiernos de Nicaragua, Guatemala y Honduras considerados dictatoriales o híbridos, no garantizan en su totalidad la participación política, la defensa de los derechos civiles y un funcionamiento tendiente a buscar la mejora de las condiciones de vida de la población, existiendo un sistema de democracia que realmente solo funciona para las elecciones.
10. El uso de los recursos naturales de los países de la región  muestra una fuerte depredación en materia forestal, al extremo que, durante el período 1990 a 2016,  los países del CA-4 han perdido alrededor de un tercio de su superficie boscosa y han avanzado en la degradación de las tierras, al permitir un avance descontrolado de la frontera agrícola y ganadera.
11. Las sociedades centroamericanas, prácticamente sin excepción, tienen mucho espacio que recorrer en la búsqueda de la igualdad de género y de  los grupos originarios, los que tienen una escasa participación y satisfacción de sus necesidades respecto de otros grupos dentro de sus países.  El extremo más significativo lo tienen los grupos originarios, que salvo el cambio de condiciones de legalidad jurídica, sus condiciones económicas y sociales no han variado significativamente desde la emancipación de España.
12. Al final es fácil concluir que por lo menos para los países del CA-4 no existen condiciones que beneficien a la mayoría de la población, por lo que atendiendo a los fines dispuestos en las Constituciones Políticas, no existen razones para celebrar una teórica emancipación política; por supuesto, con la salvedad de los grupos detentores de la riqueza nacional, que en muchos casos disponen de recursos heredados desde el preciso momento de la Independencia.   
13. Además y atendiendo a que los recursos públicos son escasos, definitivamente es mejor disponer de todos los posibles  para promover el desarrollo de la sociedad en cualquiera de las direcciones mencionadas, en lugar de utilizarlos para  actividades de celebración cuyo beneficio social es discutible. El único país que ha logrado mejorar sus condiciones sociales y productivas en forma significativa y aun cuando tiene espacios por recorrer,  es Costa Rica, por lo que podría afirmarse que esta nación tiene algunas razones para celebrar su período de independencia, dado a que ha significado una mejora en el bienestar para su población, en concordancia con su Contrato Social.

 

Este capítulo es parte del documento Perfiles Macrofiscales de Centroamérica No. 14, disponible completo aquí.