Conéctese con nosotros Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Comunicados

Honduras: Icefi rechaza normas aprobadas por el Congreso Nacional por ser contrarias a la lucha contra la corrupción y la impunidad

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) rechaza algunas normas incluidas en el Decreto No. 141-2017, que aprobó el Presupuesto General de República para 2018, ya que constituyen un grave retroceso en los esfuerzos para sancionar el uso indebido de recursos públicos. Asimismo, el Icefi llama al Congreso Nacional a rectificar y reitera su respaldo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público (MP).

El Instituto rechaza las reformas aprobadas por el Congreso Nacional a los artículos 16 y 131 «A» de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto Número 83-2004), incluidas en el articulado del Decreto Número 141-2017, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, aprobado el 18 de enero de 2018. El Icefi explica que se usó el marco legal presupuestario para incluir disposiciones cuya aplicación podrían frenar la investigación conjunta de la UFECIC y la Maccih de actos de corrupción.

El Icefi lamenta la decisión de los legisladores, puesto que acciones judiciales recientes están demostrando que su aplicación consolida la impunidad en Honduras,[1] contrario a lo que el Congreso Nacional ha afirmado en cuanto a que esas medidas promueven la transparencia y rendición de cuentas. Hace ver que las disposiciones cuestionadas no fueron incluidas en el anteproyecto de presupuesto originalmente remitido por la Secretaría de Finanzas, no contienen justificación técnica en materia presupuestaria[2] y pueden contradecir normas constitucionales, la legislación procesal penal y la normativa orgánica del MP y del Organismo Judicial, vulnerando su independencia y autonomía, así como el ejercicio de la acción penal pública en casos de corrupción.

El Instituto manifiesta preocupación por las repercusiones que tendrá la vigencia de estas normas, principalmente en el ámbito penal. En particular señala como muy preocupantes la retroactividad de la ley que permitiría la proliferación de acciones judiciales como la ya acaecida, suspendiendo investigaciones y procesos judiciales en curso, así como las medidas coercitivas decretadas; además, la imposibilidad durante los próximos tres años de perseguir penalmente los casos que sean objeto de la «auditoría e investigación especial» que realice el Tribunal Superior de Cuentas, ya que según la norma aprobada durante este periodo y hasta no haber agotado la vía administrativa «no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal».

El Icefi advierte que la vigencia de estas normas propicia condiciones que, aunque legales son ilegítimas, en tanto toleran que funcionarios públicos que hayan incurrido en uso indebido de recursos públicos no enfrenten las sanciones que establece la ley, no obstante que la lucha contra estas formas de impunidad constituye la demanda más urgente y legitima de la ciudadanía. Además, considera que las normas aprobadas y sus efectos nocivos ya demostrados en la práctica judicial agravan la crisis de gobernabilidad prevaleciente en Honduras, por lo que llama al Congreso Nacional a rectificar. Finalmente, el Instituto rechaza cualquier ataque en contra de la Maccih o de la UFECIC/MP, reiterando su respaldo a ambas entidades en reconocimiento a su liderazgo y su determinante labor en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Tegucigalpa, Centroamérica, 25 de enero de 2018.


[1] Por ejemplo, la acción judicial de la Jueza Natural Alma Consuelo Guzmán que, con base en estas reformas archivó la persecución penal en contra de cinco diputados por el desvío de 1.8 millones de lempiras. Véase:

http://www.elpais.hn/2018/01/25/jueza-aplica-decreto-archiva-acusacion-diputados/

https://twitter.com/JuaJimenezMayor/status/956540831334326272?s=09

[2] El Icefi considera que ampliar la facultad del Congreso Nacional y sus diputados para solicitar, gestionar, recibir, administrar y ejecutar fondos públicos de cualquier fuente, o la orden dirigida al Tribunal Superior de Cuentas para investigar periodos específicas, son medidas que carecen de justificación técnica.

Archivos adjuntos