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Comunicados

El Salvador: Opacidad y austeridad afectan la legitimidad y efectividad del presupuesto público de 2018

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), al analizar el presupuesto del Estado salvadoreño aprobado para 2018, ha señalado tanto una continuada cultura política de opacidad como la marcada reducción de presupuesto en sectores estratégicos, como educación, salud e infraestructura pública. En ese sentido, exhorta a la Asamblea Legislativa y a las autoridades gubernamentales a abandonar esta cultura política y crear mecanismos que permitan la apertura, inclusión y transparencia en el debate fiscal.

El Icefi señala la importancia de que los partidos políticos hayan logrado un acuerdo con respecto al presupuesto para 2018. Sin embargo, lamenta que las discusiones hayan continuado siendo a puerta cerrada y no bajo el escrutinio público, en el seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Esta forma opaca de atender la discusión del presupuesto público, le resta legitimidad a la política fiscal y genera desconfianza a la ciudadanía.

Al analizar el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, el Instituto refiere que, por el lado de los ingresos, se registra un incremento de USD151.0 millones con respecto al proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda, de los cuales USD65.0 millones corresponden a un aumento de las transferencias que el Gobierno Central recibirá provenientes de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) y de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cepa). Los restantes USD86.0 millones se deben a un incremento de la recaudación, con el cual la carga tributaria alcanzaría en 2018 el 15.8% (USD4,636.5 millones), cifra igual a la estimada para 2017. A criterio del Icefi, alcanzar la meta dependerá, entre otros aspectos, del buen desempeño de la administración tributaria, en particular, en lo que respecta a planes de fiscalización que permitan reducir la evasión del ISR y del IVA, especialmente cuando la productividad del segundo ha estado disminuyendo en los últimos años.  Otro factor a tomar en cuenta es la aprobación de nuevas leyes con más privilegios fiscales, que pueden afectar estructuralmente tanto la recaudación como la moral tributaria de los salvadoreños.

Por el lado del gasto, el presupuesto aprobado, con respecto al proyecto de presupuesto presentado, contiene recortes a la Corte Suprema de Justicia por un monto de USD6.9 millones y al Ministerio de Hacienda por USD99.1 millones. De lo recortado, USD40.0 millones eran para la devolución del impuesto sobre la renta y del IVA a los exportadores, lo que provocará una subestimación de estas partidas; USD53.0 millones reducidos corresponden al pago de pensiones, a realizarse por medio del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). A criterio del Icefi esta modificación incrementará la opacidad de estos pagos. En términos del gasto total, el Instituto señala que el presupuesto de egresos aprobado para 2018 representará el 18.6% del PIB (USD5,467.5 millones), por debajo de la estimación de cierre para 2017 (19.0%) y 2016 (19.1%). Esto evidencia el nocivo enfoque de austeridad fiscal que el Estado salvadoreño ha implementado como medida para mantener la trayectoria descendente del déficit fiscal. En ese sentido, el déficit fiscal en 2018 rondará el 2.1% del PIB, menor al 2.7% del PIB registrado en 2017. No obstante, el Instituto advierte que la contención del gasto implementada es insostenible en el mediano y largo plazo, pues sacrifica la producción de bienes y servicios públicos que promueven el bienestar social y el crecimiento económico.

Ejemplos concretos sobre cómo este enfoque de austeridad ha provocado reducciones de presupuesto en sectores estratégicos para el desarrollo y la democracia, son observables en los ramos de educación y salud, y en la inversión pública. La ejecución de programas de educación, llegó a representar el 3.6% del PIB en 2015, mientras en 2018 se le ha asignado solamente el 3.2% del PIB. Similar situación enfrenta el ramo de salud, después de alcanzar una asignación del 2.4% del PIB en 2013, en 2018 esta caerá a 2.1%. La inversión pública, del Gobierno Central, pasó de 3.3% del PIB en 2013 a 2.4% en el presupuesto vigente para 2018.

Asimismo, el Icefi cuestiona que las asignaciones hechas por la Asamblea Legislativa, especialmente en educación y salud, estén dirigiéndose a organizaciones no gubernamentales y entidades privadas, sin hacer públicos los criterios para otorgar estas transferencias; advierte también que esta medida es contraria al fortalecimiento del rol del Estado en su obligación de asegurar la universalidad, calidad y gratuidad de los bienes y servicios públicos. Por otro lado, y al igual que años pasados, el presupuesto público continúa acarreando gastos que privilegian a sectores particulares en detrimento de la universalidad de servicios públicos, tales como los seguros médicos privados para funcionarios.

El Icefi exhorta a la Asamblea Legislativa a abandonar la cultura política de opacidad sobre las discusiones y negociaciones en torno a la política fiscal, confía en que la nueva Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, cuyo trabajo iniciará a partir de mayo de este año, diseñe espacios que permitan la apertura, inclusión y transparencia en el debate fiscal. A las autoridades de gobierno a redoblar esfuerzo para mejorar en los procesos de planificación, compras y adquisiciones, y capacitación del servicio civil que permitan asegurar una ejecución presupuestaria efectiva para 2018, especialmente en las áreas de gasto social e inversión pública; asimismo, urge al Ministerio de Hacienda a que se adopte el presupuesto por resultados para el proyecto presupuestario de 2019, y que se abran espacios para la participación de sociedad civil desde la fase de formulación de dicho presupuesto. Finalmente, el Instituto insta a la ciudadanía en general a aprovechar el contexto electoral para demandar a sus candidatos propuestas y compromisos que permitan fortalecer la transparencia fiscal y la rendición de cuentas, con el objetivo de devolverle la legitimidad a la política fiscal salvadoreña; así como asumir un rol más activo en la contraloría social de presupuesto.

San Salvador, Centroamérica 18 de enero de 2018.

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