El 23 de junio se celebra el día de las Naciones Unidas para la administración pública, con el objetivo de que los ciudadanos recuerden y valoren el importante papel que debe jugar la administración pública ―sus instituciones, trabajadores y funcionarios― en el logro del desarrollo y la consolidación de la democracia.

La labor pública, al transformarse en bienes y servicios, constituye la mejor y más importante herramienta con la que cuentan las sociedades para promover la justicia, la igualdad, el bienestar y el crecimiento económico. Por ejemplo, el acelerado crecimiento y desarrollo logrado por el Este Asiático (Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Singapur, Taiwán y Tailandia) en los últimos sesenta años, ha sido en gran parte sustentado por el Estado y la administración pública, con un direccionamiento económico general:  desde la inicial puesta en marcha de reformas agrarias, significativas inversiones para la universalización y mejora cualitativa de la educación y el fortalecimiento del mercado doméstico, hasta políticas de promoción industrial, innovación tecnológica y exportación, importantes inversiones en infraestructura económica y creación de instituciones para promover y regular el mercado, entre ellas, bancos de desarrollo y bolsas de capitales. En síntesis, el milagro del Este asiático se explica, en buena medida, por la consolidación de economías mixtas, en las que el sector público desempeña tareas medulares, en consonancia con el funcionamiento de un mercado competitivo al servicio de la sociedad.

En los Estados Nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), la administración pública es el cimiento de un modelo de bienestar puesto en marcha en el último siglo, basado en la construcción de una democracia integral: económica y política. Esta visión ha conseguido la compatibilidad y complementariedad entre la búsqueda de la igualdad socioeconómica y la eficacia económica: el mercado es un mecanismo para la asignación de recursos económicos, pero condicionado a una política económica fundamentada en la productividad e innovación, políticas salariales, impuestos progresivos y una amplia política social. La expansión del sector público ha sido justificable basándose en los intereses sociales generales, y con la conciencia ciudadana de que la acción pública se financia por medio de los impuestos. Un ejemplo que resalta los diversos éxitos de este manejo de la administración pública, lo constituye el hecho de que el 25.8% de la fuerza laboral sueca trabaja en el sector público y aproximadamente el 72% de los empleos públicos son ocupados por mujeres.

Un ejemplo de cambio actual es Bolivia, que desde 2006 ha sustituido sistemáticamente las bases de un modelo neoliberal en el que la administración pública cumplía un papel residual, hacia uno en el que desempeña funciones estratégicas; no obstante todavía hace falta una mayor madurez de esta nueva institucionalidad para conseguir mejores resultados en materia de desarrollo y democracia.    Las bases sobre las que se asienta el nuevo rol de la administración pública boliviana, el modelo económico social comunitario productivo, son cuatro: aprovechamiento de los recursos naturales; el Estado dirige la economía y regula los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios; el excedente económico es redistribuido por medio de transferencias condicionadas, inversión pública e incrementos salariales inversamente proporcionales; y, se implementan políticas orientadas a eliminar la exclusión social y económica. Entre 2006 y 2015, este renovado impulso de la función pública, ha contribuido a elevar el crecimiento de la economía, disminuir la pobreza y la desigualdad y fomentar la creación de empresas e industrias.

En Centroamérica ―al igual que en la Bolivia previa a 2006―, la administración pública ha sufrido, con diferente intensidad, las consecuencias del “ajuste estructural” (apertura comercial sin objetivos claros, dolarización, privatizaciones, desregulación del sistema financiero, de los mercados de bienes y de trabajo) que ha limitado su capacidad de acción para lograr cohesión, orden y bienestar. Como consecuencia de esto, en los últimos treinta años se han menospreciado las políticas públicas y se han sobrevalorado las capacidades del mercado para garantizar la distribución de la riqueza producida. Aún ahora persisten grupos de poder económico y político que identifican la relación entre el sector público y el privado como algo excluyente y no complementario en la organización social moderna. Los resultados de esta visión, tanto en crecimiento económico como en bienestar, son catastróficos, especialmente en El Salvador, Guatemala y Honduras. Obviamente, detrás de esa visión reduccionista de la administración pública se pueden identificar las relaciones entre el poder político y los particulares intereses de ciertas élites económicas centroamericanas.

En todo caso, y tomando en cuenta los ejemplos de desarrollo citados anteriormente, para que Centroamérica pueda avanzar en una senda de desarrollo y democracia, se requiere una administración pública efectiva en sus funciones y legítima frente a la ciudadanía. Para ello será necesario modernizar las instituciones públicas y profesionalizar su servicio civil; contar con una mejor planificación del desarrollo en el que se complementen políticas públicas para la reducción de la desigualdad y la pobreza con metas de crecimiento económico, inversión privada y transformación productiva, en un marco de sostenibilidad ambiental. Finalmente, crear la institucionalidad ―marcos legales y organizacionales― para evaluar, transparentar e informar a los ciudadanos sobre el quehacer público.

Los centroamericanos deben reivindicar el bienestar social como el fin principal de las administraciones públicas, y construir nuevos acuerdos políticos que permitan su fortalecimiento, principalmente en materia fiscal. Solo una administración pública fuerte, con una política fiscal sostenible y suficiente, puede contribuir de manera significativa al desarrollo y lograr que los recursos públicos no terminen engrosando los bolsillos de los políticos así como la cooperación del sector público con los empresarios no sirva para cooptar el Estado. La administración de lo público es vital para la sociedad, su mantenimiento es una responsabilidad colectiva.