A veces la política fiscal pareciera ser algo que solo incumbe a tecnócratas, instituciones financieras, especialistas en la materia o a los políticos, cuando en realidad es algo que debiera ser discutido por toda la ciudadanía. ¿Por qué? En primer lugar porque basta con prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor y ver las necesidades latentes de que el Estado sea efectivo, para que las personas tengan acceso a salud, educación y seguridad no como un privilegio sino como lo que son, derechos. Y, en segundo lugar porque todas y todos pagamos impuestos y contribuimos así a la construcción de lo colectivo. Es decir, la discusión sobre la política fiscal nos incumbe a todas las personas porque la forma en que ésta se implemente afecta directamente nuestro bienestar, el de nuestra familia y del resto de la sociedad.

La participación ciudadana en las discusiones sobre política fiscal resulta particularmente relevante para la región centroamericana, que en la actualidad enfrenta un panorama sombrío, con un crecimiento económico promedio relativamente alto en comparación con otras regiones, pero menos dinámico que en años anteriores como resultado de una débil economía internacional.  A ello se le suman problemas estructurales como la limitada transformación productiva, el rápido deterioro ambiental, la casi nula distribución de la riqueza y la débil legitimidad de los gobiernos; problemas que de no ser atendidos deteriorarán más el bienestar social y la gobernabilidad democrática, socavando cualquier posibilidad de los países de cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Pero además el contexto actual de Estados Unidos puede impactar directamente a Centroamérica. Si Trump cumple sus promesas de limitar la migración y la ayuda al desarrollo, restringir las importaciones y desincentivar la inversión privada estadounidense en el extranjero, los Estados centroamericanos tendrán que asumir los costos económicos y sociales de menores flujos financieros provenientes de esta nación.

Hay que reconocer que los desafíos son enormes y la posibilidad de enfrentarlos requiere de una nueva política fiscal que con una visión de desarrollo vaya más allá del análisis y de propuestas tradicionales que solo buscan cuadrar las cifras. Una nueva política fiscal que reconoce la necesidad de incrementar los ingresos públicos, pero con criterio de progresividad; que deje de lado prácticas como el otorgamiento de incentivos fiscales injustificados y amnistías opacas; y que luche contra todo tipo de delitos fiscales.

Nuestros países se merecen una política fiscal que cuente con un gasto público que tenga un mayor impacto en la construcción de la igualdad, el crecimiento económico y la protección del ambiente natural; que sea planificado, ejecutado y evaluado con base en el cumplimiento de metas de desarrollo y la reducción de brechas de bienestar entre grupos, regiones y género. También  es necesario que, en una nueva forma de hacer política fiscal, la deuda pública sea utilizada como instrumento de desarrollo y revisar periódicamente la convergencia entre ingresos y gastos públicos para satisfacer el mandato del Estado.

Pero una nueva política fiscal carecería de legitimidad si no es transparente y no cuenta con mecanismos efectivos para que la ciudadanía tenga acceso a información fiscal y a espacios de discusión y toma de decisiones fiscales. Y también es fundamental que se garantice la probidad, transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios e instituciones públicas.

Con el propósito de abonar al diálogo y discusión de alternativas para empezar a construir en nuestro país y nuestra región una nueva política fiscal, que tenga como fin último la garantía y goce pleno de derechos con base en el crecimiento económico sostenible, la construcción de la igualdad y la efectividad del Estado, los próximos jueves 31 y viernes 1 como Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizaremos por primera vez en San Salvador nuestro «VI Encuentro internacional por una política fiscal para la democracia y el desarrollo» que busca contribuir a reconocer los desafíos y alternativas para la crítica situación de las finanzas públicas de Centroamérica, pero particularmente la salvadoreña.

Esta columna fue publicada originalmente el 24 de agosto en el diario El Mundo de El Salvador