Posiblemente la mayor parte de la población no dimensiona los efectos que tiene una crisis fiscal como la que atraviesa El Salvador. Pero seguramente tampoco comprende las implicaciones de que los tomadores de decisión del país no logren alcanzar acuerdos. Una ciudadanía que todos los días tiene que preocuparse para que su familia tenga que comer, confiar de no ser el siguiente número de las estadísticas de violencia, no saber si el próximo año podrá mandar a sus hijos a la escuela porque el dinero no le alcanza y rogar que no se enfermen, porque en los hospitales no hay dinero ni para hacer exámenes; tiene, además, que lidiar con una clase política incapaz de anteponer el bienestar de la sociedad sobre sus mezquinos intereses electorales.

Los tomadores de decisión se llenan la boca hablando de alcanzar un acuerdo fiscal pero no dan los pasos para concretarlo  ̶ por cierto, un acuerdo fiscal debe ser el resultado de un consenso amplio, abierto y transparente entre la mayor cantidad posible de actores que representen los sectores políticos, sociales y económicos. Cuando un país atraviesa una crisis fiscal de gran envergadura, como la que hemos estado viviendo, es imperante la concreción de acuerdos que permitan darle viabilidad a la política fiscal para que esta funcione como instrumento de desarrollo. Sin embargo, se ha estado utilizando la crisis fiscal para jugar a la politiquería, exacerbando la polarización interpartidaria.

La polarización per se no es mala, pues pone de manifiesto las diferencias sobre las visiones de cómo enfrentar un problema. Sin embargo, Edgar Rodríguez advertía en 1970 que la polarización partidista se puede convertir en una estresante y permanente lucha política que no permite dedicación a la solución de los problemas, pues el tiempo se dedica a aniquilar al rival, convirtiéndose en un “callejón sin salida”.

Ha habido un exceso de arrogancia y han faltado propuestas fiscales serias de parte de los principales partidos políticos. De cara a unas elecciones y sin contar con un proyecto que sea capaz de atraer a las grandes mayorías, porque posiblemente no lo tengan, han encontrado en la crisis fiscal su mejor carta para la campaña electoral pues le echan la culpa al rival de lo que pasa.

Así ha sido el 2017, donde la oportunidad para entablar un diálogo honesto entre los diversos sectores para planificar el país que queremos se ha tirado por la borda. Hoy que estamos en la víspera de Navidad y del año nuevo, cada uno tendrá que asumir su responsabilidad, incluida la ciudadanía con su apatía. Lo cierto es que la mayor parte de la población salvadoreña intentará celebrar estas fechas a pesar de las múltiples adversidades y problemas, sabiendo que dieron lo mejor de sí para ofrecerle mejores condiciones a su familia. No sé si la clase política podrá decir lo mismo.

Para el próximo año seguiré creyendo que es posible que como sociedad seamos capaces de definir el país que queremos, independientemente de nuestra ideología; un país donde no haya un solo niño o niña sin la oportunidad de ir a la escuela y recibir una educación que le permita construir su futuro, un país donde el derecho a la salud, la seguridad, la justicia no dependa del monto de dinero en la billetera o del apellido que se tenga, un país donde nadie muera de hambre, un país donde las niñas y las mujeres no sufren ningún tipo de discriminación ni violencia, un país que resguarda y protege a la naturaleza. Me cuesta creer que no podamos acordar vivir en ese país.

Pero también soy realista y sé que esto no es algo que se lo podamos encargar a Santa Claus o a los partidos políticos. Esto solo será posible mientras se logre un acuerdo fiscal integral, progresivo, participativo y de largo plazo. Ese es mi deseo para El Salvador para el próximo año, aunque sea el mismo que tenía para este que termina.