Conéctese con nosotros Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Blog

Los siete pecados de las APP deficientes (Parte II)

En la parte I de este artículo describimos los principales argumentos de la publicación Los Siete Pecados de las Alianzas Público-Privadas Deficientes del Banco Mundial y de autoría de Augusto de la Torre y Heinz Rudolph. En esta segunda entrega aplicaremos los principales puntos al caso reciente de Honduras.

Como es conocido, desde el gobierno anterior se aprobó la ley de Promoción de las Asociaciones Publico Privadas (Decreto no. 143-2010), mediante la cual se crea Coalianza, institución con características supra institucionales, encargada de negociar, contratar y supervisar las concesiones que el gobierno otorgue para las asociaciones pública-privadas (APP).

Una de las mayores preocupaciones reflejadas en el artículo del Banco Mundial se refiere a lo que se denomina contingencias fiscales, que son los costos adicionales en que incurre el gobierno al firmar contratos desventajosos de concesiones (entre 20 y 30 años), que generalmente afectan los bolsillos de los contribuyentes o usuarios en el futuro. De esta forma el supuesto beneficio de la APP se borra.

De los errores en las negociaciones de APP señalados por los autores, uno podría decir que la mayoría se han cometido en Honduras. La fuerte limitación presupuestaria que enfrenta el gobierno actual debido a los altos déficits fiscales desde 2009, lo hacen recurrir a fuentes alternativas de financiamiento sin miramientos a sus costos o riesgos.

¿De dónde obtener recursos financieros, entonces, para hacer obras, gastos en seguridad y política social? La respuesta es a través de más impuestos y la utilización de las APP. En el caso de estos esquemas, la prisa ha sido de tal forma que se les ha garantizados los ingresos a empresas como la encargada de la carretera de CA-5 que conduce de Tegucigalpa a Puerto Cortés. De no obtener un nivel de ingresos determinado, el gobierno cubrirá el diferencial.

En el caso del aeropuerto de Palmerola, el gobierno de Honduras no sólo invierte alrededor del 50% de la obra de US$185 millones (botando el argumento de falta de recursos), sino que también da una concesión de 30 años con ingresos garantizados. En estos casos, las empresas que reciben las concesiones saben que no está arriesgando nada y los mismos recaen sobre el gobierno en el caso de contingencias.

El caso del Centro Cívico Gubernamental es otro ejemplo de que las cosas van por muy mal camino. En primer lugar se está utilizando los fondos de los institutos de pensiones (cerca de US$100 millones invertirá el Injupem), cuando el análisis del Banco Mundial advierte la tentación de usar este tipo de recursos, que tampoco son del gobierno. La respuesta de las autoridades es que estas inversiones gozarán de la garantía del Estado, precisamente cuando una de las condiciones que pidió el FMI para el acuerdo vigente fue que se retira la garantía soberana de las APP.

¿Qué hacer? Dado el enorme impacto que esto puede tener en los bolsillos de los contribuyentes o usuarios en el futuro, la oposición en el Congreso Nacional o sectores organizados del país deberían exigir una revisión a fondo de los contratos actualmente vigentes, junto con la suspensión de cualquier nueva concesión. Esta revisión podría ser hecha por expertos internacionales en el tema, incluyendo al mismo Banco Mundial.  

Esta columna fue publicada el 23 de mayo de 2016 en diario La Prensa de Honduras