Las piedras del río de las pensiones, comienzan a sonar. Esa discusión que siempre ha estado allí pero que ningún gobierno reciente se ha atrevido a tocar, está por entrar en el pleno de la asamblea legislativa. Al parecer, cada bancada tiene un proyecto de ley para someter a discusión. Y, seguramente, no faltarán las propuestas de la gremial empresarial que buscará evadir cualquier responsabilidad que recaiga sobre ellos.

El problema no es nada nuevo, este siempre ha tenido apariciones esporádicas, sobre todo a la hora de reportar el gasto por pensiones y la deuda generada por estas. Los números rojos en la relación entre ingresos y gastos, presentes y futuros, son los que han encendido las alarmas sobre la insostenibilidad del modelo actual. Aunque las últimas administraciones pospusieran la discusión por temor a represalias políticas, en esta ocasión es inevitable buscar alternativas y no solo para atenuar el problema sino para solucionarlo, pues de no hacerse algo pronto, los compromisos de gasto en seguridad social terminarán por colapsar las finanzas públicas, lo que desembocaría en niveles de endeudamiento impagables (default). Así comenzó Grecia.

Ya sea por la búsqueda del bien común o por la necesidad de cuadrar las cuentas, esta administración enfrenta un reto impostergable. La discusión puede convertirse en la más emblemática del periodo legislativo, y posiblemente la primera en tocar un tema estructural. Discutir sobre la seguridad social demostrará la capacidad de diálogo y búsqueda de acuerdos, pero sobre todo de generación de acciones concretas; de lo cual se ha carecido en los últimos años.

Debemos de recordar que la bola de nieve que hoy toca intentar detener,  inició con el proceso de privatización del sistema de pensiones. Fue desde este momento que el Estado dejó de percibir ingresos para financiar a aquellos que decidieran quedarse en el sistema público. En teoría, existía un fondo del cual saldrían dichas pensiones. Sin embargo, los recursos se agotaron en 2001, apenas tres años después de la privatización, haciendo que parezca increíble que nadie supiera que esto iba a pasar. Más bien parece que el proceso de privatización del sistema previsional fue una fiesta a la que fueron invitados pocos, pero que todos directa o indirectamente estamos pagando.

Bien dice el dicho que el que paga el mariachi pide la canción. Por tanto, como sociedad civil debemos informarnos, pero sobre todo buscar y exigir los espacios de diálogo que aseguren que las decisiones que se tomen sean para el beneficio de la mayoría. Y no para la continuidad de los privilegios de unos pocos. Estos últimos intentarán bloquear cualquier opción que amenace su status quo, y propondrán medidas dilatorias tales como aumento al IVA, políticas de austeridad, entre otras, que poco tendrán que ver con el tema. Pero que buscarán hacer pensar que el problema es por un manejo irresponsable de las finanzas del Estado, como ya lo están haciendo. Por el contrario, se deberá tomar al toro por los cuernos y buscar el diseño y la puesta en marcha de una seguridad social que se adapte a las transformaciones demográficas y de la fuerza laboral, al tiempo en que se expanda su cobertura, por medio de mecanismos contributivos y no contributivos, poniendo especial atención en los grupos  con bajo nivel educativo, campesinos y mujeres, históricamente excluidos.

Redefinir el sistema de seguridad social y hacerlo más incluyente y sostenible, tendrá, entre muchos dividendos, la posibilidad de dar más certidumbre a los salvadoreños sobre cómo afrontarán la vejez, la viudez o la orfandad. Por otro lado, con un mejor ordenamiento de las cuentas fiscales podrán liberarse recursos para otros programas de orden social y económico.  El reto está ahí. La madurez política definirá las posibilidades de aprovechar esta oportunidad para hacer los cambios esperados.

* Esta columna fue publicada originalmente el 11 de septiembre en el Diario El Mundo de El Salvador